El presidente Donald Trump firmó un memorando que autoriza al Ejército de Estados Unidos a controlar terrenos públicos a lo largo de la frontera con México. El documento, dirigido a altos funcionarios de su gabinete, representa un giro drástico en la política migratoria estadounidense y da al Pentágono poder sin precedentes sobre tierras federales.
La orden presidencial faculta al Departamento de Defensa para tomar jurisdicción sobre diversas zonas, incluida la franja de 18 metros de la Reserva Roosevelt. El objetivo es fortalecer el muro fronterizo e instalar sistemas de vigilancia avanzada. Las reservas indígenas federales están expresamente excluidas del plan.
El memorando también concede al secretario de Defensa autoridad para decidir qué actividades militares son necesarias, y permite expandir la medida a más territorios públicos según se considere conveniente.
Trump busca transformar estas zonas en instalaciones militares donde se podrá detener a migrantes en espera de ser deportados. La medida bordea la ilegalidad bajo la Ley Posse Comitatus, que prohíbe al Ejército realizar labores civiles, pero se justifica redefiniendo estas zonas como “áreas de retención”.
Al declarar emergencia nacional en la frontera, Trump abre la puerta a una política más agresiva. El secretario de Defensa Pete Hegseth podrá decidir qué acciones se tomarán en otros terrenos. El anuncio ya ha generado críticas legales y éticas.
El debate está abierto: ¿Debe el Ejército involucrarse en funciones migratorias? Con esta decisión, Trump pone al borde del colapso la separación entre lo militar y lo civil.