Columna Invitada
Barrientos La Noticia
La gobernadora María Eugenia Campos Galván no lo pudo decir mejor en el mensaje de clausura, en el Informe 2024, que rindió ayer por la tarde la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta sobre el estado que guarda la administración de justicia en la entidad.
«El Poder Judicial se encuentra bajo una profunda incertidumbre», esto en referencia por la elección de juzgadores el próximo 1 de junio tanto a nivel federal y estatal.
El asunto no es cosa menor, estamos ante un cambio de paradigma del modelo de justicia en el país y también en Chihuahua, donde en vez de avanzar, hay barruntos de retroceso en la imparcialidad, objetividad, honestidad y calidad de los juzgadores. Esos a quienes la sociedad chihuahuense les tiene fe y esperanza.
El evento como acto político, fue un éxito sin duda en la convocatoria en el Centro de Exposiciones de la ciudad de Chihuahua, asistieron todos los que debieron estar.
Magistrados en funciones y en retiro, toda la estructura del Tribunal Superior de Justicia llegó antes de las cinco de la tarde para llenar el recinto.
Alcaldes de la zona centro (menos Marco Bonilla quién se ausentó de la ciudad), diputados locales y federales, regidores, funcionarios de los tres niveles de gobierno, fiscales, empresarios, académicos, representantes religiosos, autoridades militares, titulares de tribunales de varios estados del país, de organismos autónomos, organizaciones sociales, barras y colegios, así como directivos de medios y periodistas.
El inicio del informe estaba programado a las cinco de la tarde y se retrasó por poco más de media hora.
El discurso de Myriam -apoyado con videos que presentó fallas al comienzo- fue muy institucional, le faltó para algunos, mayor fuerza; que defendiera más la posición de cientos de jueces y magistrados que se están prácticamente despidiendo de su cargo, al que dedicaron muchos años de su vida, por no contar con apoyo ni estructura política alguna para competir en igualdad de circunstancias, con quiénes serán los candidatos de «Morena» y del bloque opositor PAN-PRI, cuyos nombres estarán garantizados en la boleta.
Si habrá jueces actuales que van a refrendar su posición en la conformación del próximo nuevo Tribunal de Justicia local, empero serán los menos, la mayoría tienen los días contados dentro de la institución.
En el caso de los 30 magistrados que conforman El Pleno del TSJ la mayoría se irán también, donde buscan una reforma de último momento en el Poder Legislativo local que les garantice la jubilación. Es momento de saltar antes de que se hunda el barco.
El discurso de Hernández Acosta fue más humano, reconociendo el papel de cada servidor público del Tribunal, pero sin fuerza en el reclamo de la despedida inminente, aún así recibió una gran ovación del respetable.
Fue la gobernadora María Eugenia Campos, la que sin duda se llevó la tarde al poner el dedo en la llaga del problema que se avecina.
Sin matiz alguno, la titular del Poder Ejecutivo declaró que están desde el gobierno estatal en «Pie de lucha» en estos momentos de tanta inseguridad para cientos de funcionarios judiciales, pero también por la invasión a la división de poderes desde el Poder Ejecutivo Federal, con la mayoría aplanadora de los partidos de izquierda alineados en el Congreso de la Unión.
Reconoció textual que «corren tiempos de profunda incertidumbre», pues no solo en México, sino en el mundo, los discursos de división representan grave peligro, quizá lo dijo en alusión a lo expresado por Donald Trump en su «guerra» con los aranceles y deportaciones masivas contra México y otros países del continente.
Dimos la lucha, aceptamos los desafíos y señalamos el peligro de vulnerar el estado de derecho, justificó Maru en su intervención, refiriendo el ataque al constitucionalismo que le da sentido y vida a toda libertad en el país.
Momentos después, se dieron a conocer públicamente en la página oficial del Congreso del Estado, la lista de nombres con los aspirantes que pasan a la siguiente ronda, en los tres comités de evaluación conformados a nivel estatal (legislativo, ejecutivo y judicial) donde hasta el momento se desconoce quiénes llegarán a la boleta final para erigirse, después de la elección de junio próximo, como nuevos jueces y magistrados.
Pero lo que más se desconoce, son los intereses que traerán detrás cada uno y que al momento poner en la balanza social, será un dilema ético personal, ¿si brindar realmente justicia? o pagar favores políticos por su asunción como juzgadores.
Al tiempo.
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