El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) ha dictado una sentencia contra un servidor público de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) por autorizar el pago indebido de indemnizaciones por un total de 259 mil 522 pesos, durante su gestión como jefe de Recursos Humanos en 2021. El funcionario, identificado con las iniciales Gerardo A.B., fue suspendido por 60 días tras ser hallado responsable de una falta administrativa grave.
La denuncia fue interpuesta por la Auditoría Superior del Estado (ASE) el 14 de noviembre de 2023, luego de una exhaustiva revisión de la Cuenta Pública 2021. Durante dicha fiscalización, se detectó que el pago no tenía fundamento legal.
De acuerdo con la sentencia del TEJA, Gerardo A.B., en su rol como Jefe de Recursos Humanos, autorizó el pago de indemnizaciones a dos servidores públicos de la UACH bajo el concepto de “Terminación en el Puesto de Secretario de Departamento”. Los beneficiarios fueron el Secretario Particular del entonces Rector, Luis Alberto Fierro Ramírez, y el Coordinador de Asesores Técnicos, quienes recibieron cantidades de 138 mil 971 pesos y 120 mil 550 pesos, respectivamente.
El fallo detalla que la UACH no tenía la obligación de efectuar tales pagos, lo que llevó a que el TEJA concluyera que se trataba de un desvío de recursos públicos. En consecuencia, el tribunal dictó una suspensión temporal de 60 días contra Gerardo A.B., quien, según la resolución, aún tiene la posibilidad de impugnar la decisión.
El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, anunció que la ASE iniciará un procedimiento de responsabilidades en contra de los dos servidores públicos beneficiados por las indemnizaciones indebidas. Además, se está analizando la posibilidad de llevar a cabo una investigación similar contra el exrector Luis Alberto Fierro Ramírez, para determinar si existió algún grado de responsabilidad en la instrucción de los pagos.
El caso tuvo su origen en la fiscalización de las cuentas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y la resolución del TEJA fue notificada a la ASE como parte acusadora en el proceso. La sentencia, dictada por la Quinta Sala Unitaria del TEJA, presidida por la Magistrada Priscila Soto Jiménez, aún puede ser impugnada por el servidor público sancionado, Gerardo A.B.