Por Antonio Mirón
A un tercer plano pasó el informe que presentó el Auditor Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, en donde se da cuenta del Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017.
Ello debido a: la euforia y luna de miel derivado del proceso electoral que el virtual ganador Andrés Manuel López Obrador ha llamado la etapa de reconciliación; al inicio del conteo de votos en las juntas distritales; al análisis de los partidos derrotados; al de las ofertas electorales del Frente de “Juntos haremos historia”; al análisis de los miembros del gabinete de AMLO y hasta al inicio de las semifinales del mundial de futbol.
Desde hace años, la ASF ha obtenido el reconocimiento por el profesionalismo de sus integrantes; ha señalado puntualmente los desaseos con que se manejan los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno y hasta hace recomendaciones de “dar parte a las autoridades de investigación judicial (PGR) o sancionar administrativamente a través de la Secretaria de la Función Pública”.
La información que se procesa en la ASF es sumamente basta. En sus 18 años de existencia, ha presentado poco más de 800 denuncias penales y ha llevado a descubrir desvíos y excesos escandalosos como los más recientes en la “Estafa Maestra”, en donde a través de “empresas fantasmas”, en un entramado en donde participaron 11 dependencias del Gobierno Federal y universidades mexicanas, se realizaron desvíos por poco más de 7 mil millones de pesos.
El combate a la corrupción, especialmente este año, ha sido utilizado electoralmente por los gobernadores en turno, durante todo este 2018 han sido de portadas, de primera plana y de apariciones en horarios “triple A”, los proceso que se les siguen a las nueve gobernadores por casos de corrupción y delincuencia organizada en algunos casos: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Sandoval, Roberto Borge, Eugenio Flores, Guillermo Padrés, Tomás Yarrington, Andrés Granier y Jesús Reyna. De todos los colores y sabores.
Hay que hacer un balance. La sociedad si aprueba el combate a la corrupción, que se castigue a los funcionarios corruptos, pero tiene como prioridad que los gobiernos sean eficientes y cumplan con su responsabilidad de ofrecer buenos servicios, realizar las obras necesarias, ofrecer seguridad, paz y calidad de vida a los ciudadanos. Finalmente la vox populi señala que un gobierno ineficiente también es corrupción.
En el costo beneficio de utilizar la persecución de los corruptos para obtener dividendos electorales, tendrán que reflexionar seriamente y hacer un corte el domingo con los resultados oficiales del INE, los titulares de los ejecutivos estatales de Veracruz, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora, Tabasco y Michoacán y el mismo titular del Ejecutivo federal que permitió que se enfilara a la PGR en contra de Ricardo Anaya.
Ya en la próxima semana seguramente veremos el desglose a detalle con nombre y apellido de las dependencias de los tres órdenes de gobierno que han sido auditadas por la ASF y que han recibido notificaciones derivadas del Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017; por lo pronto, para el estado de Chihuahua, se reportan 34 auditorías concluidas con diversas observaciones y recomendaciones a dependencias del Gobierno del Estado y de los municipios de Chihuahua, Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Delicias.
