El número de homicidios en la Zona Centro registró un incremento significativo al pasar de 13 casos en 2024 a 32 en 2025, cifra que fue reconocida por el fiscal Heliodoro Araiza como un tema de preocupación pública.
Durante un informe sobre el estado de las investigaciones, Francisco Arturo Arizpe, coordinador del Distrito Zona Centro, explicó que parte del trabajo reciente se enfocó en depurar y revisar carpetas que permanecían abiertas sin investigación formal o sin delito acreditado. Señaló que algunos asuntos de carácter civil o mercantil fueron canalizados erróneamente al ámbito penal, por lo que se llevó a cabo un proceso de conciliación y revisión de expedientes, incluso en áreas foráneas.
“Dentro de eso hay muchas carpetas que se tenían abiertas, que no estaban en investigación”, precisó.
En el municipio de Aldama, durante 2024 se iniciaron 299 carpetas de investigación, mientras que en 2025 se abrieron 252. En cuanto al total de expedientes en trámite, se pasó de 449 en 2024 a 269 en 2025, lo que representa una reducción cercana al 40 por ciento del rezago acumulado entre ambos periodos.
El fiscal detalló que varias carpetas correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022 permanecían rezagadas debido a la falta de pruebas periciales y otros elementos necesarios para su integración. Una vez completadas las investigaciones, los expedientes fueron concluidos y remitidos al tribunal, lo que permitió avanzar en el proceso judicial.
En materia de resultados, las sentencias condenatorias también registraron un incremento. En Aldama se dictaron nueve sentencias en 2024 y 13 en 2025, es decir, cuatro más que el año anterior.
No obstante, el alza en homicidios —de 13 a 32 casos— representa el principal foco de alerta para las autoridades, quienes reiteraron su compromiso de continuar con acciones para reducir la incidencia delictiva y agilizar la procuración de justicia.
Las autoridades señalaron que las labores emprendidas tienen como objetivo disminuir el rezago judicial y lograr resoluciones más ágiles y fundamentadas, aunque reconocieron que aún persisten casos con retrasos derivados de la falta de pruebas técnicas y otros elementos indispensables para el ejercicio de la acción penal.