El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, señaló que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalida el decreto promovido por el Gobierno de Chihuahua para reforzar las acciones de prevención contra el gusano barrenador, no debe representar una disminución en la intensidad del blindaje sanitario que mantiene la entidad.
Indicó que, aunque aún no se cuenta con una notificación formal, de manera preliminar se conoce que la invalidación obedeció a una supuesta duplicidad de funciones, al considerar que la Federación tiene la facultad exclusiva para regular la movilización de productos a nivel nacional.
Parada Muñoz reiteró que Chihuahua respeta el Estado de Derecho y adelantó que este mismo martes se buscará establecer comunicación con Gabriel Anaya, director general de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), con el objetivo de analizar la situación y definir cómo continuar las acciones de prevención de manera coordinada con el Gobierno Federal.
Destacó que, a más de un año de la aparición del gusano barrenador en el país, diversas entidades federativas han implementado medidas similares a las adoptadas por Chihuahua, por lo que se buscará trabajar bajo criterios homologados a nivel federal.
Fue el martes cuando, por unanimidad, el Pleno de la SCJN invalidó el Acuerdo 156/2024, emitido por la gobernadora María Eugenia Campos Galván en noviembre de 2024, con el cual se endurecieron los controles e inspecciones ganaderas en el estado. La Corte determinó que dicho acuerdo invadía la competencia exclusiva del Gobierno Federal en materia de salubridad general y control sanitario.
La norma fue impugnada mediante la controversia constitucional 374/2024, promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, una de las primeras acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos, quien argumentó que el acuerdo estatal establecía un sistema integral para regular la movilización de ganado y productos pecuarios, imponiendo revisiones, autorizaciones y sanciones que corresponden al ámbito federal.