Organizaciones periodísticas nacionales y estatales condenaron la detención y vinculación a proceso del periodista Rafael León Segovia, ocurrida el pasado 30 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos, Veracruz, al considerar que se trata de un acto de criminalización del ejercicio informativo.
A través de un pronunciamiento conjunto, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores y el Foro de Periodistas de Chihuahua manifestaron su preocupación por el uso del sistema penal contra el comunicador, conocido como “Lafita León”, quien cuenta con una amplia trayectoria en la cobertura de nota roja y temas de seguridad en una de las regiones más violentas del país.
Las organizaciones señalaron como alarmante que se hayan utilizado figuras penales de extrema gravedad para imputar al periodista, aun cuando de último momento fue retirado el delito de terrorismo, sin que hasta ahora se haya informado públicamente cuál es la prueba concreta que sustenta las acusaciones. Indicaron que esta falta de claridad vulnera los principios de legalidad, presunción de inocencia y certeza jurídica.
De acuerdo con el pronunciamiento, existen testimonios que apuntan a que la imputación estaría relacionada directamente con su labor periodística, particularmente con la recepción de información y reportes ciudadanos sobre hechos violentos, una práctica común y legítima en el ejercicio del periodismo, más aún cuando el número telefónico del comunicador es de carácter público.
Los foros advirtieron que la vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares, como el resguardo domiciliario, restringen de manera desproporcionada la libertad personal del periodista, inhiben su trabajo informativo y envían un mensaje intimidatorio al gremio en general.
Subrayaron que este caso criminaliza el contacto entre periodistas y sus fuentes, desconociendo que la protección de las fuentes informativas es un derecho fundamental reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
Asimismo, recordaron que Rafael León Segovia ha denunciado previamente un patrón de hostigamiento, con la apertura reiterada de carpetas de investigación de las que ha sido absuelto por falta de sustento legal, así como presuntas irregularidades durante su detención, lo que refuerza la preocupación por una posible persecución sistemática.
Ante este panorama, las organizaciones exigieron al Poder Judicial de Veracruz garantizar un estricto control de legalidad en el proceso, evitar la criminalización del ejercicio periodístico y resolver el caso con apego a la ley y a los derechos humanos. También solicitaron a la Fiscalía General de la República, a través de la FEADLE, atraer el caso e investigar si se trata de un acto de represalia por la labor informativa.
Finalmente, pidieron a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación dar seguimiento institucional al caso y reafirmar el compromiso del Estado mexicano con la protección del periodismo libre y sin represalias, al reiterar que informar no es un delito.