El diputado por Chihuahua, César Alejandro Domínguez Domínguez, afirmó que, aun cuando se realizaron modificaciones al dictamen de la Ley de Aguas en los últimos días, éste no cumple con el reglamento, que obliga a circularlo con cinco días de anticipación. Sostuvo, además, que persisten temas de fondo que no han sido atendidos, como la transmisión de concesiones y la competitividad en el uso del agua, por lo que consideró indispensable frenar el proceso de dictaminación.
En respaldo a estas preocupaciones, diputadas y diputados del PRI, encabezados por su coordinador, Rubén Moreira Valdez, reiteraron su apoyo a las y los productores que demandan suspender la dictaminación y la eventual discusión en el Pleno de la Ley de Aguas.
Durante una conferencia de prensa, en la que participaron productores de Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Baja California Sur, el legislador priista pidió reiniciar el análisis del documento de manera conjunta con los productores, ya que —dijo— la ley no puede construirse con “parches”.
“No valen parches porque las cosas no van a salir bien con parches. Exigimos que se escuche a los productores, que no se estigmatice de ninguna manera”, subrayó Moreira Valdez, al precisar que las modificaciones recientes son “insuficientes, ambiguas y cosméticas”.
A su vez, el diputado Humberto Ambriz Delgadillo respaldó la solicitud de frenar la dictaminación y de abrir un proceso de escucha amplio, pues las necesidades del campo varían en cada región del país. “Sí queremos una nueva ley, pero queremos que se escuche a todos los sectores, que se hagan foros a nivel nacional”, expresó.
Recordó que el trabajo diario de las y los campesinos garantiza el abasto de alimentos en los hogares mexicanos, aun cuando ellos ponen su patrimonio en riesgo cada ciclo agrícola.
En el mismo sentido, representantes de productores de diversos estados cuestionaron la premura con la que se pretende aprobar la nueva legislación y exigieron más tiempo para construir consensos. Subrayaron que el campo es el sector primario que impulsa el desarrollo económico, genera empleos y asegura la producción de alimentos.
Por ello, insistieron en diseñar un nuevo marco jurídico con tiempo de análisis y verdadera representatividad. De lo contrario —advirtieron— se traducirá en una imposición.