El Joven Observador.
La jornada electoral del próximo 1 de junio, en la que se elegirá a jueces, magistrados y ministros, se presenta como un ejercicio inédito en la historia democrática del país, sin embargo, lejos de representar un avance o una innovación participativa, esta elección se ha configurado como una farsa. Desde su origen hasta su ejecución, el proceso carece de credibilidad, transparencia y legitimidad. En lugar de fortalecer a la ciudadanía, la está confundiendo; en vez de robustecer al Poder Judicial, lo está sometiendo.
El primer gran problema es el desconocimiento generalizado de la población. La mayoría de los ciudadanos no tiene claro qué se elegirá, ni cuáles son las funciones de los cargos en disputa. A diferencia de las elecciones tradicionales, donde se vota por diputados, senadores o presidentes municipales, esta vez se trata de cargos técnicos, complejos y ajenos al escrutinio habitual. No ha habido campañas de información efectivas, ni debates públicos serios que orienten a la ciudadanía sobre el perfil y trayectoria de los candidatos.
El Instituto Nacional Electoral, institución encargada de organizar el proceso, fue comisionado con una responsabilidad que rebasa sus atribuciones. Diseñado para arbitrar procesos entre partidos, no está preparado para seleccionar jueces en un entorno tan politizado. Peor aún, se le ordenó llevar a cabo la elección en tiempo récord y con apenas la mitad del presupuesto que originalmente solicitó. Lo que debió ser una organización meticulosa y profesional, se convirtió en una carrera improvisada y limitada.
Las boletas electorales, lejos de contribuir al orden, han generado más confusión. Su diseño técnico y saturado ha desorientado incluso a los propios funcionarios de casilla, quienes no saben con certeza cómo se deberá emitir el voto. Esta confusión ha dado paso a la repartición de los llamados “acordeones”, instructivos informales sobre cómo votar. El problema es que cada grupo político distribuye el suyo, con sus propios nombres, alineados a sus intereses. Es un caos orquestado que erosiona la libertad del sufragio.
Este desorden no es inocente. Es parte de un mecanismo calculado para desmantelar el equilibrio de poderes. Al permitir que el Poder Ejecutivo influya directamente en la elección del Judicial, se rompe la autonomía institucional. Estamos ante un escenario que recuerda a los años 70 en México, cuando el presidente no solo dictaba la agenda del Legislativo, sino que también controlaba las decisiones judiciales. El regreso del poder absoluto ya no es una amenaza, es una realidad en construcción.
El régimen actual no ha hecho el menor esfuerzo por ocultar su talante autoritario. Más bien, ha normalizado el abuso de poder bajo el discurso de “democratizar” las instituciones. Con el dominio del Congreso ya asegurado, esta elección busca dar el paso final: asfixiar la independencia del Poder Judicial. Una vez consumado, tendrán ambas manos sobre el cuello de los ciudadanos, sin contrapesos ni frenos constitucionales.
Durante años, se advirtió que Andrés Manuel López Obrador representaba un peligro para México. Hoy, aunque ya no está directamente en el poder, su herencia política se mantiene viva en el partido que fundó. MORENA ha demostrado ser, en efecto, el vehículo de una restauración autoritaria. Las alertas estaban encendidas, pero fueron ignoradas. El tiempo ha dado la razón a quienes vieron venir el peligro. Lo que está por ocurrir este 1 de junio no es una elección: es una puesta en escena para legitimar el control total.