Las desapariciones forzadas de Claudia Uruchurtu y de José Alberto Serna, que han sido oficialmente reconocidas con sentencias judiciales, se suman a los 141 casos que desde finales de 2018 a 2023 reconoce la Comisión Nacional de Búsqueda.
El pasado 4 de abril, un órgano especializado de la ONU anunció que revisará la “preocupante” acumulación de desapariciones forzadas en México. En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, negó la existencia de esta problemática en el país y retó a la organización internacional “a que presente un solo caso de desaparición forzada durante nuestro gobierno”.
Sin embargo, reportes oficiales generados por la Comisión Nacional de Búsqueda –órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación federal– reconocen que, desde diciembre de 2018, cuando el país comenzó a ser gobernado por el partido Morena, y hasta agosto de 2023, en México se registraron al menos 141 víctimas de desaparición forzada, a las que “se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar”.
De acuerdo con la lista oficial de personas desaparecidas en México, publicada por las autoridades federales en agosto de 2023, estas 141 víctimas fueron raptadas por agentes gubernamentales en 25 entidades federativas.
De este grupo de 141 personas desaparecidas por autoridades, cuando el partido Morena ya gobernaba a nivel federal, al menos 68 fueron raptadas en entidades cuyo gobierno estatal también era encabezado por Morena, o bien por sus partidos aliados, como el Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, o por el Partido Encuentro Social en Morelos.
Cabe destacar que estas 141 desapariciones forzadas que han sido perpetradas por autoridades, desde que Morena llegó al poder, no son todos los casos ocurridos, sino sólo aquellos que la Comisión Nacional de Búsqueda aceptó incluir en la lista de víctimas, presentada en agosto de 2023. A ese conteo deben sumarse los casos ocurridos luego de la publicación de la lista (que no ha sido actualizada hasta la fecha), así como los casos que la autoridad se ha negado a registrar, aunque la participación de agentes del Estado quedó plenamente probada.