La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, plantea revertir varias disposiciones de la ley que prohíbe la venta de comida chatarra en escuelas, la cual fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Un documento en poder de Proceso revela que la dependencia quiere modificar los lineamientos aprobados el 30 de septiembre de 2024, en el último día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los nuevos cambios:
Permitirían a las tiendas escolares vender alimentos preparados con productos que tengan sellos de advertencia.
Autorizarían la venta de este tipo de productos en los alrededores de las escuelas.
Eliminarían la prohibición en universidades.
Según el proyecto de reforma, las tiendas podrían usar productos con sellos y leyendas del sistema de etiquetado frontal para preparar alimentos. Esto incluiría ingredientes como:
Salsas
Mayonesa
Carnes frías
Panes
Bebidas que actualmente están clasificados como ultraprocesados.
El texto exento a las universidades de la prohibición. En su lugar, se plantea que estas instituciones realicen campañas de concientización sobre hábitos saludables.
La educación superior quedaría fuera del control directo sobre la venta de productos no saludables.
La propuesta también:
Elimina la obligación de ofrecer alimentos a un precio más bajo que en el mercado.
Quita a la Cofepris la responsabilidad de hacer verificaciones en las escuelas.
Reduce las sanciones a directivos y proveedores que incumplan las normas.
Permite que las autoridades escolares sigan vendiendo comida chatarra, siempre que no la publiciten.
Un párrafo que obligaba a supervisar la venta de estos productos en los alrededores de las escuelas también fue eliminado. Ahora, la única restricción sería que no se promocionen.
La SEP argumenta que es necesario “definir con mayor claridad la participación de las autoridades sanitarias en el marco de sus competencias”. Es decir, busca delimitar qué instituciones pueden intervenir y hasta dónde pueden actuar en el control de lo que se vende en los planteles educativos.
Si se aprueba la iniciativa, la industria de alimentos ultraprocesados mantendría su presencia en los entornos escolares. Esto ocurre en un país que declaró una emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes desde 2016, debido al alto consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas.
Según reportó el medio, el proyecto fue enviado a un grupo de funcionarios el 4 de abril. Aún no se ha informado cuándo se votaría ni si será modificado. Mientras tanto, el debate sobre el papel del Estado en la alimentación de niñas, niños y jóvenes sigue abierto.
ElImparcial