Con bombo y platillo no tardan en señalar que fue gracias a las negociaciones de la presidenta Sheinbaum que México se haya salvado de los aranceles de Trump. Al menos la primera mandataria ha reconocido que fue el T-MEC que protegió al país de los aranceles luego de las amenazas para detener la migración y fentanilo.
El superávit de 300 mil millones de pesos anuales refleja la integración de las cadenas productivas, no un favor de Estados Unidos. Peor aún, la propia presidenta admitió que empresas ya planean trasladar producción al norte, lo que expone la fragilidad de nuestro modelo económico. Celebrar estas cifras sin abordar la dependencia estructural es ignorar el verdadero desafío: construir una economía más diversificada y menos sujeta a los vaivenes de la política estadounidense.
Las dos ejecuciones en la colonia Atenas y el encajuelado a escasas cuadras de la Tesorería Municipal de Chihuahua desnuda la contradicción entre la narrativa oficial y la realidad violenta que vive la ciudad. Mientras las autoridades presumen avances en seguridad, estos crímenes ocurren en el corazón de la zona urbana, evidenciando que la estrategia contra el crimen organizado sigue siendo insuficiente. Los datos duros golpean más fuerte que los discursos: Chihuahua sigue estancada entre las ciudades más violentas del país, pese a los operativos mediáticos y las conferencias de prensa que anuncian “resultados positivos”.
La ubicación del crimen, en un área supuestamente vigilada, revela la audacia de los grupos criminales y la fragilidad del sistema de seguridad. El modus operandi del “encobijado”, clásico de los ajustes de cuentas entre cárteles, demuestra que las redes del narcotráfico operan con impunidad. Resulta particularmente preocupante que estos hechos ocurran cuando el gobierno estatal prometió sacar a Chihuahua del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, meta que parece cada vez más lejana ante la escalada de violencia en colonias clave.
El senador Juan Carlos Loera ha vuelto a demostrar su miopía política al atacar desde sus redes sociales a lo que llama “izquierda repentina”, arrastrando en su crítica sin fundamento tanto al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, como a la delegada de Bienestar, Mayra Chávez.
Lo curioso del caso es que Loera, quien ahora se escuda en frases de López Obrador como “mi pecho no es bodega”, olvida convenientemente que fue esa misma delegada a quien hoy critica la que lo respaldó incondicionalmente durante sus fallidas aspiraciones políticas. Si algo ha quedado claro, es que el senador aplica un doble rasero: exige lealtad, pero es incapaz de corresponderla, ignorando el principio que tanto repite AMLO: “amor con amor se paga”.
Loera, en su afán por posicionarse como posible candidato a la gubernatura, parece no entender que ser representante del Bienestar implica trabajar con todos los sectores políticos, sin que eso signifique “entregar el proyecto”, como él insinúa. Su incapacidad para construir puentes y su necedad de imponer condiciones han quedado al descubierto, demostrando que toma decisiones más por rencor que por estrategia.