El Rancho Izaguirre, un predio ejidal ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, es un claro reflejo de la violencia extrema que ha marcado a México en las últimas décadas. Este terreno, que fue utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro de adiestramiento y, según pruebas recientes, como un campo de exterminio, ha sido el epicentro de una serie de hechos que evidencian no solo la brutalidad de los grupos criminales, sino también las fallas y omisiones de las autoridades encargadas de investigar y hacer justicia.
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Un predio bajo control criminal
La historia del Rancho Izaguirre comenzó como un predio ejidal en manos de su propietario legítimo. Sin embargo, en 2012, esta propiedad fue despojada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos del país. El despojo se realizó bajo amenazas directas hacia el propietario y su hija, quienes fueron forzados a ceder la propiedad ante la fuerza y violencia del CJNG.
Desde ese momento, el rancho pasó a ser un territorio bajo control total de los narcotraficantes, quienes lo utilizaron para diversas actividades ilícitas. Se sabe que en el lugar se realizaron entrenamientos para nuevos miembros del cártel, donde se les instruía en técnicas de combate y supervivencia, además de mantener prácticas violentas que incluían ejecuciones, torturas y, según testimonios recientes, actividades relacionadas con la desaparición forzada de personas.
El aseguramiento del rancho y las fallas en la investigación
El primer gran operativo relacionado con el Rancho Izaguirre ocurrió en septiembre de 2024. La Fiscalía de Jalisco, con el apoyo de la Guardia Nacional, aseguraron el predio tras recibir denuncias sobre su uso por parte del crimen organizado. Durante la operación, fueron detenidas 10 personas vinculadas con actividades del CJNG. Sin embargo, a pesar de la magnitud del hallazgo, las autoridades no realizaron una inspección adecuada del lugar. El rancho, que abarca una extensa área, no fue completamente analizado, lo que permitió que pruebas clave relacionadas con los crímenes cometidos en el lugar quedaran sin ser recogidas.
Las omisiones de la Fiscalía de Jalisco.
Las omisiones en la investigación fueron, según la Fiscalía General de la República (FGR), de tal magnitud que la FGR decidió intervenir. A tan solo seis meses del aseguramiento del rancho, se descubrió que la Fiscalía de Jalisco no había realizado los análisis correspondientes sobre vehículos encontrados en el lugar, ni había llevado a cabo los estudios físicos y químicos necesarios para investigar los restos hallados en el terreno. La FGR criticó duramente a la fiscalía local por no tomar acciones inmediatas ante la gravedad de los hechos y por no tratar con la seriedad requerida el caso de un centro de operaciones de un cártel.
El descubrimiento de los hornos clandestinos
El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores, formado por familiares de personas desaparecidas, ingresó al Rancho Izaguirre. La organización de activistas, especializada en la localización de restos de víctimas de desaparición forzada, descubrió una realidad aún más desgarradora. Entre los hallazgos más impactantes se encontraban tres hornos clandestinos, que fueron utilizados para incinerar los cuerpos de las víctimas. Además de los hornos, se encontraron cientos de fragmentos óseos humanos y pertenencias personales como ropa, calzado y otros objetos identificados como de personas desaparecidas.
Este hallazgo no solo confirmaba el uso del rancho como un centro de exterminio, sino que también daba cuenta de la magnitud de la violencia que se ha vivido en Jalisco, donde las desapariciones forzadas se han convertido en un flagelo común, especialmente bajo el control de grupos criminales como el CJNG.
La crítica a la Fiscalía de Jalisco y la intervención de la FGR
Ante la revelación de estos hechos, la Fiscalía General de la República no tardó en emitir un pronunciamiento público en el que señalaba directamente las fallas de la Fiscalía de Jalisco en la investigación. La FGR denunció que, tras seis meses de asegurado el rancho, la Fiscalía local no había hecho lo suficiente para esclarecer los hechos ni para procesar adecuadamente las evidencias encontradas en el terreno.
La intervención de la FGR subraya la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades estatales ante la magnitud de la operación criminal del CJNG en la región. Las críticas fueron aún más fuertes cuando se supo que no se habían realizado los estudios correspondientes sobre los vehículos encontrados en el rancho ni se había avanzado en el análisis forense de los restos humanos.
La respuesta del CJNG y la desinformación
El CJNG, en un intento por desmentir los hallazgos y desviar la atención, difundió un video a través de redes sociales. En dicho video, miembros del cártel negaron su responsabilidad en los hechos y acusaron a los activistas de fabricar pruebas en el Rancho Izaguirre. A pesar de la desinformación, los hechos revelados por los Guerreros Buscadores y la posterior intervención de la FGR han reafirmado la gravedad de la situación.
Este video es un reflejo de las estrategias de manipulación que el CJNG utiliza para mantener su poder y evitar que las autoridades sigan sus investigaciones, un patrón común en muchos casos de crimen organizado en México.
El contexto de la violencia en Jalisco
Jalisco ha sido uno de los estados más afectados por la violencia del crimen organizado en los últimos años.
Según datos oficiales, Jalisco lidera las estadísticas nacionales de desapariciones forzadas, con más de 15,000 personas desaparecidas desde 2006. En este contexto, el caso del Rancho Izaguirre es solo una muestra de la impunidad y el terror que viven los habitantes de la región.
El crimen organizado, representado por el CJNG, ha sembrado el caos en diversas partes de Jalisco, extendiendo su control a zonas rurales y utilizando propiedades como el Rancho Izaguirre para llevar a cabo sus actividades ilegales. Este tipo de casos refleja no solo la descomposición del sistema de justicia, sino también la falta de una respuesta coordinada y efectiva entre las autoridades federales y locales.
El futuro de las investigaciones
El caso del Rancho Izaguirre aún no está cerrado. A pesar de las críticas a la Fiscalía de Jalisco, se espera que la FGR tome las riendas de la investigación y realice un análisis exhaustivo de todo lo hallado en el lugar. Las autoridades federales están llamadas a identificar a las víctimas, esclarecer el número exacto de personas que fueron ejecutadas y descifrar toda la red de corrupción y complicidad que permitió que el rancho funcionara como un centro de exterminio.
Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan luchando por justicia y por la identificación de los restos humanos encontrados. La exigencia de justicia se amplifica en el contexto de un país que sigue enfrentando una crisis de derechos humanos y violencia extrema.
Por: Rubén Iñiguez.