Repartidores de diversas plataformas digitales realizaron una protesta frente al Congreso del Estado para expresar su rechazo al impuesto del 1.5% propuesto para dichas plataformas.
En una carta dirigida al Congreso, los repartidores solicitaron la cancelación de este gravamen, argumentando que impactaría negativamente a más de 2,000 repartidores y conductores que dependen de esta actividad para su sustento.
Jareb Gamboa, vocero de los manifestantes, manifestó su desacuerdo con la medida, destacando que muchos trabajadores no cuentan con acceso a seguro social ni a servicios médicos, lo que los obliga a asumir estos costos por su cuenta.
“Es difícil asumir una carga fiscal adicional cuando dependemos exclusivamente de las entregas para mantener a nuestras familias”, subrayó Gamboa.
El vocero señaló que la implementación de este impuesto podría generar consecuencias negativas tanto para los repartidores como para la economía estatal, entre ellas:
- Aumento en los costos para los usuarios: Esto podría reducir la demanda de servicios, afectando directamente a los repartidores y a los pequeños negocios.
- Menor ingreso para los trabajadores: Con menos pedidos, miles de repartidores y conductores verían limitada su capacidad de generar ingresos, poniendo en riesgo su estabilidad económica.
- Impacto en pequeños comercios: Los negocios que dependen de estas plataformas para llegar a sus clientes enfrentarían una caída en sus ventas, comprometiendo su sostenibilidad.
- Contradicción con los principios de la economía digital: Este impuesto iría en contra de la promoción del autoempleo como una alternativa flexible y digna para miles de trabajadores.
En representación de Conductores y Repartidores Unidos de México (CRUM), los manifestantes pidieron a los diputados reconsiderar la aprobación de este impuesto.
“Creemos que, en lugar de imponer cargas adicionales, es necesario fomentar acciones que fortalezcan el autoempleo y protejan a los sectores más vulnerables de la economía digital. Estamos convencidos de que, mediante el diálogo, es posible encontrar soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios y comercios que dependen de esta actividad”.
Finalmente, solicitaron respetuosamente a los legisladores un espacio en su agenda para discutir esta propuesta y explorar alternativas que garanticen un entorno más justo y sostenible para los trabajadores y la economía del estado.