La venta de vapeadores ha ganado la guerra a las diversas restricciones impuestas contra su venta en México. Desde un decreto presidencial, hasta leyes antitabaco no han podido detener la comercialización legal e ilegal de este tipo de producto que ha sido calificado por la Secretaría de Salud como más dañino que el propio cigarro convencional.
Esto llevó a que el martes legislaran para llevar al plano constitucional la prohibición de los cigarrillos electrónicos, una decisión que ha generado debate en diversos sectores, ya que el cambio podría representar un retroceso en materia de derechos humanos.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen que reforma los artículos 4º y 5º de la Constitución para establecer así la prohibición de la producción, distribución, comercialización y enajenación de vapeadores (vapes) y cigarros electrónicos.
Dicha iniciativa deberá pasar primero a la Mesa Directiva y posteriormente al Senado de la República para que sea debatida a partir del 1 de septiembre. De ser aprobada, una vez que entre en vigor, quedarían derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.
Actualmente, y a pesar de que existe un decreto presidencial que prohíbe la importación y la venta de este tipo de productos en el país, varias empresas como Sanborns, Seven Eleven y Oxxo los ofrecen gracias a un amparo que les permite incluso su exhibición.
Además, como previamente documentó El Diario de Chihuahua, los ‘vapes’ se han consolidado en el mercado negro como un negocio que mueve más de 120 millones de pesos mensuales tan sólo en el estado de Chihuahua, según estimaciones basadas en los 200 mil usuarios que la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (Ceadic) registró en 2023.
La mayoría se venden en redes sociales con un precio promedio de 300 pesos, (aunque los montos son muy variables y van desde los 150 hasta los 400, e incluso pueden superar los mil pesos), y cada usuario utiliza al menos dos en un mes.
Por su parte, la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios (Coespris) informó que no realiza aseguramientos de estos productos, al ser competencia de otras instancias, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, según informó la Comisión a través de su portavoz, sí han decomisado vaporizadores, pero de manera general, junto a otros productos, en diversas revisiones y no específicamente en búsqueda de los cigarros electrónicos, que ofertan principalmente en redes sociales y en el menor de los casos en establecimientos.
Sobre el tema, el director del Centro de Integración Juvenil (CIJ), Ramiro Vélez, destacó que la falta de acuerdos ha permitido que prevalezca la comercialización de estos productos, ya que en teoría no deberían venderse, pero su consumo sigue en aumento, preocupando sobre todo el uso entre la población infantil.
“Celebramos lo que sucede en el Congreso, ya que cierran la puerta, de alguna manera, a ciertos temas que parecían vacíos legales y que aprovechaban para la comercialización y venta de este tipo de cigarrillos electrónicos, vapeadores y todo lo conducente al tema de emisiones”, explicó Vélez.
Recordó que está expresamente prohibido, ya que “hay una multa muy importante de hasta 150 mil pesos a los establecimientos o personas que se dediquen a la venta de éstos”.
“Desgraciadamente, nosotros en el marco de la prevención nos hemos encontrado con que cada vez más niños y adolescentes los ven como una estrategia sana para dejar de fumar o que tiene menos riesgos en comparación al tabaquismo; sin embargo, en el CIJ nos hemos dado a la tarea de hablar de los muchos riesgos que traen consigo”, añadió.
El director subrayó que hay muchos mitos que hacen que se pierda la percepción de riesgo en el consumo de estas sustancias y que en Chihuahua cada vez empiezan a usarlo a menor edad.
“Nosotros hemos encontrado niños de cuarto y quinto de primaria que ya tuvieron ese consumo experimental con vapeadores y por eso seguimos intencionado una campaña más amplia en tema de prevención”, enfatizó.
Señaló que la reforma es un avance en la materia de consolidar la prohibición de los vapeadores.
No obstante, también este cambio implicaría ir en contra de los derechos humanos que la propia Constitución debe garantizar, algo que fue expuesto en el debate en Congreso y que manifestó el portavoz de la Federación de Colegios y Barras de Abogados, Ernesto Avilés.
“Lo que prohíben en materia de libertades para cualquier persona es un retroceso dentro de los derechos humanos. En primer término, la Constitución en su artículo 1º establece que todas las personas son libres de poder decidir su forma de vida, de pensar y actuar, siempre y cuando no perjudique a terceros”, esto, agregó no sólo es a nivel constitucional “sino también la Corte Interamericana ha resuelto fallos favorables en contra de los derechos humanos”, explicó.
En este sentido, expuso que la prohibición podría parecer benéfica en tanto que el hecho de fumar perjudica a las personas, pero estarían restringiendo las libertades individuales y tampoco garantiza acabar con el problema.
Ejemplificó con el caso de la limitación de licores y alcohol en Estados Unidos, que más allá de lograr acabar con su consumo, favoreció un mercado negro, encarecido y descontrolado como sucede ahora con los cigarros electrónicos.
Asimismo, dijo que como se ha planteado el dictamen, seguirá siendo imperfecto a menos que conlleve sanciones que tendrían que darse a través de una Ley Reglamentaria.
En torno a esta discusión, aún se tendrá que esperar a que el dictamen y el cambio constitucional lleguen al Senado, en tanto, el mercado de los vapeadores continúa vigente y en expansión en Chihuahua, sin que las regulaciones y prohibiciones previas puedan detener su comercialización y consumo.
Desgraciadamente, nosotros en el marco de la prevención nos hemos encontrado con que cada vez más niños y adolescentes los ven como una estrategia sana para dejar de fumar o que tiene menos riesgos: Ramiro Vélez, titular del CIJ
