La juez federal de distrito Rosemary Márquez, en Tucson, Arizona, falló a favor del Gobierno de México sobre continuar con la demanda contra cinco empresas vendedoras de armamento por particpar en el tráfico de armas para cárteles.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que la jueza dio la razón el Gobierno mexicano respecto a dos puntos:
México tiene derecho a demandar, pues las demandadas no tienen inmunidad y deben responder por sus conductas ante un tribunal.
Las tiendas tuvieron diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron se usarían en México y con fines ilícitos.
Los distribuidores Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague’s Sports Inc argumentaron que la Ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) los protegía de la demanda que México presentó en 2022.
La parte mexicana alega que los comerciantes facilitaron el tráfico de armas de asalto de estilo militar como el AR-15 y municiones a los cárteles, con prácticas ilegales, incluso la venta de armas de fuego a compradores testaferros.
