09 de enero de 2024. Es un placer dirigirme a ustedes en este comienzo de año 2024, deseándoles lo mejor en aquellos propósitos que hayan formulado, que perduren más allá del cierre de este mes. Les deseo éxito en aspectos fundamentales como la salud y el amor, aspectos que a menudo valoramos solo cuando los perdemos. Que sus vidas estén llenas de plenitud y felicidad en lo simple, lo cotidiano y lo auténticamente valioso, es decir, lo que no tiene precio.
Este 2024 reviste una importancia significativa, marcado por la contienda electoral presidencial, la renovación del Congreso de la Unión (sus dos cámaras) y los gobiernos estatales en algunas entidades federativas, municipales y de Congresos locales.
Aunque es una de las elecciones más grandes de la historia moderna, paradójicamente, las instituciones que son conquistas de la joven democracia mexicana están en riesgo. Aquellas que costaron tanto a los opositores del viejo régimen, incluso a miembros del mismo, de todos los espectros ideológicos: de derecha, centro e izquierda. Estas instituciones enfrentan presupuestos más reducidos y constantes amenazas de denostación pública desde el púlpito presidencial cada mañana. Además, se vive un ambiente de polarización, intentos de cooptación y/o parcialidad, sumados a “intentones” de desnaturalizarlas por parte del Ejecutivo Federal y las bancadas de Morena.
Nos referimos a organismos públicos descentralizados y al Poder de la Federación, cuya naturaleza jurídica los constituye como baluartes de la democracia, la división de poderes, la vigencia de la constitución, la celebración de elecciones libres y ciudadanas, y la transparencia. Hablamos, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del presupuesto para el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Comunicaciones y el organismo encargado de la investigación, innovación y desarrollo, el CONAHCYT (Sí, con H y muy lejano de sus objetivos de creación).
No es novedad, como se mencionó antes, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a amenazar a los organismos públicos autónomos semanas antes de que concluyera el año. El presidente y su partido buscan eliminar las organizaciones democráticas que garantizan los derechos de la ciudadanía basándose en la posibilidad de obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Además, pretenden que no se cuestione el proceso ni la constitucionalidad de tal acción, buscando tener un Poder Judicial cada vez más cooptado y dependiente del Ejecutivo, lo cual va en contra de dos siglos de tradición jurídico-constitucional mexicana.
Si ha notado, como seguramente lo ha hecho, la nueva ministra Batres, que se autodenomina “la ministra del pueblo”, resulta un contrasentido. El papel de un Tribunal Constitucional es garantizar la vigencia de la Constitución, la legalidad y los Derechos Humanos, no estar sujeto al presidente. Si desea servir a los mexicanos y ser del pueblo, no basta con un loable origen producto de la cultura del esfuerzo; es necesario que su actuación se base en el conocimiento de la norma jurídica y, sobre todo, que se apegue a la razón por la cual ha sido designada.
Un estado democrático de derecho se fundamenta en los pesos y contrapesos de la división de poderes, no solo de los tres poderes tradicionales, sino también de algunos que se encuentran en una categoría distinta para cumplir con sus elevadas funciones, que en muchos casos no puede ni debe hacerles depender de un poder en específico, sino que deben ser claramente públicos y autónomos, como su nombre lo indica, según lo expresaron juristas destacados en las últimas décadas del siglo anterior.
El peligro radica en la posibilidad de crear un escenario en el que la toma de decisiones se vuelva unilateral y las voces críticas sean silenciadas en lugar de ser escuchadas. Es justamente por eso que, en este momento crítico para México, es imperativo que como sociedad cuestionemos la dirección en la que se está llevando al país. Además, debemos reconocer y defender el derecho humano de la ciudadanía al buen uso del presupuesto, de la transparencia, así como a un buen gobierno.
Sin duda, debemos reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar en la búsqueda de un “cambio”. La participación activa de los ciudadanos “de a pie” pero interesados en la cosa pública, en la supervisión del presupuesto y en la exigencia de un gobierno transparente y responsable es esencial para preservar la integridad de nuestra democracia.
GEO BUJANDA
