Con mil 471 expedientes abiertos entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2023, Chihuahua se mantiene como la segunda entidad con más casos de tortura registrados en el país, de acuerdo con las estadísticas más recientes del Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet).
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz Loya, destacó que la tortura representa un problema grave. Este fenómeno no solo afecta directamente a quienes la padecen, sino también a terceros, como imputados que alegan haber sido sometidos a tales tratos, pudiendo eludir posibles sentencias y privando a las víctimas y a la sociedad de justicia.
Según el informe emitido este mes, a nivel nacional se han iniciado 11 mil 309 carpetas de investigación por delitos de tortura y tratos crueles en el periodo señalado, con un promedio de mil 967 expedientes anuales. De estos, Chihuahua concentra el 13.3%, siendo superado únicamente por la Ciudad de México con dos mil 413 casos, equivalente al 21.8%.
La entidad también se posiciona como la segunda en número de víctimas, identificándose dos mil 091 personas afectadas, es decir, el 13.6% del total nacional de 15 mil 232.
En cuanto al género, en Chihuahua mil 905 varones fueron afectados, ocupando el primer lugar nacional en víctimas masculinas. Otras 183 fueron mujeres y en tres casos no se especificó.
Chihuahua lidera el país en número de presuntos responsables vinculados a las investigaciones, con mil 484 o el 15.8%, seguido por la Ciudad de México con 957 o el 10.4%, y Quintana Roo con 908, equivalente al 9.7%. El total de sospechosos identificados en los expedientes de todo el país es de nueve mil 404.
La tortura, delito cometido por particulares y servidores públicos, preocupa al presidente de la CEDH, quien señala que, aunque no es generalizada, aún persisten casos en que agentes policíacos utilizan de manera excesiva la fuerza o incurren en tratos que violan la dignidad de las personas detenidas.
Para abordar esta problemática, se implementan programas psicológicos, de capacitación y sensibilización para los agentes, a fin de que comprendan las limitaciones legales al hacer uso de la fuerza pública y cuenten con herramientas de contención emocional.
El ombudsman también destaca la dificultad para acreditar este delito, indicando que pocas investigaciones concluyen con una sentencia, ya que algunas denuncias se refieren a hechos ocurridos hace mucho tiempo con escasa documentación.
En ocasiones, los imputados alegan ser víctimas de tortura psicológica, lo cual resulta difícil de comprobar. Además, la dificultad para esclarecer casos radica en que las fiscalías investigan a sus propios agentes, lo que puede implicar cierto grado de parcialidad.
En este contexto, se subraya la importancia de fundamentar las investigaciones en elementos objetivos, como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que establece qué actos no son considerados tortura, así como la jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
