El pasado 15 de julio la periodista María Luisa Estrada y una menor que la acompañaba, fueron atacadas a tiros en Guadalajara por un sujeto desconocido; por fortuna ambas resultaron ilesas pero hasta ahora no han recibido protección por parte de ninguna autoridad municipal, estatal o federal.
Estrada –quien publica su trabajo en el medio digital Grillotina Política, que se difunde a través de varias plataformas y redes sociales– denunció que tras el atentado un policía tapatío le advirtió que debía “bajarle” a su trabajo; además señaló que en la delegación de la FGR y el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodista no le brindaron atención adecuada a pesar del riesgo que corre.
Relató que el sábado 15 de julio por la mañana viajaba en su vehículo en compañía de una familiar suya que es menor de edad y al intentar incorporarse a la avenida Javier Mina un sujeto en una camioneta se le cerró y se escucharon dos detonaciones, sin embargo, en ese momento no se dio cuenta de lo que ocurría porque el agresor siguió de largo.
Metros más adelante el sujeto volvió a emparejársele, le gritó que la iba a matar y disparó tres veces más impactando la unidad de la periodista, que logró escapar gracias a que otros conductores se percataron de lo que ocurría y le cedieron el paso obstaculizando el tránsito del agresor.
Logró llegar al centro tapatío y bajó a la menor en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara para que ahí se resguardara mientras ella buscaba ayuda; condujo hasta la Rotonda de Jaliscienses Ilustres, donde vio a varios policías turísticos y se acercó con ellos para pedir ayuda.
Los agentes la resguardaron y pidieron apoyo para revisar su estado de salud, por lo que llegó una ambulancia y los paramédicos corroboraron que no estuviera herida.
“Pero al bajar de la ambulancia se me acercó un elemento de la policía de Guadalajara para darme un mensaje directo y puntual, me dijo que pertenecía al área de violencia contra la mujer y dijo: ‘si te hubieran querido matar te hubieran matado, pero esto fue un mensaje para que le bajes, ya bájale mija’”.
Hernández solicitó apoyo para resguardar a su familiar y ambas fueron trasladadas a las instalaciones de la FGR en Guadalajara para que interpusiera su denuncia por ser periodista, sin embargo, ahí se negaron a recibirla e incluso la sacaron de las instalaciones.
Pidió apoyo al Mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal y más tarde una persona de la FGR salió a buscarla y le dijo que se había tratado de una confusión; finalmente le tomaron declaración, ratificó la denuncia y la mandaron a su casa sin protección, a pesar de que el atentado ocurrió a una cuadra de su vivienda.
Hernández señaló que tuvo que buscar refugio en otro lado y cuando la gente del Mecanismo de protección la atendió primero le ofrecieron reubicarla y ella aceptó esa medida, sin embargo, al día siguiente le dijeron que solo le entregarían un botón de pánico y que la Guardia Nacional haría rondines por su domicilio.
“Me cambiaron la jugada totalmente y resulta que el Mecanismo de protección a periodistas me quería mandar a RCU Sistemas (empresa ligada a Genaro García Luna y a la que ella ha denunciado públicamente en su trabajo periodístico)”, recordó.
Por ese motivo no aceptó esa protección e insistió en que ella no está dentro del Mecanismo de protección; además reprochó la falta de atención a casos como el suyo, que prácticamente son ignorados por autoridades y medios de comunicación hasta que no ocurre la tragedia, “porque somos los pinches periodistas de provincia”.
Finalmente, denunció que la delegación de la FGR se ha negado a darle una copia de la carpeta de investigación.
ElUniversal
