La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad de Proyectos Especiales, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de un agente de la Policía Estatal de Ciudad Juárez, por los delitos de Secuestro Exprés y Extorsión.
Lo anterior, luego de que el pasado 02 de junio los investigadores llevaron a cabo la detención del agente identificado como Brian Andrés. A. J., para posteriormente presentarlo en audiencia de formulación de imputación ante un Juez del Distrito Judicial Bravos, quien concedió la medida cautelar de prisión preventiva.
Los hechos por los que se le acusa, son los siguientes:
El 14 de noviembre del 2022, el Policía Estatal Brian Andrés A. J., junto con diversa persona, detuvo a dos víctimas con la finalidad de exigirles la cantidad de cien mil pesos a cambio de no hacerles daño, liberarlos y no llevarlos al Cereso.
Mientras mantuvieron cautiva a una de las víctimas, sostuvieron comunicación con la otra, a quien enviaron a conseguir el dinero.
La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas integró la Carpeta de Investigación, logrando la orden de aprehensión con la que se capturó al presunto responsable.
El pasado 8 de junio se celebró la audiencia de formulación de imputación, en la que, después de escuchar los argumentos lógicos jurídicos de la representación social y de la defensa, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de Secuestro Exprés Agravado, según lo establecido en los artículos 9 Fracc. I, inciso d); en relación con el artículo 10, Fracc. II, inciso b); así como la Fracc. II, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito en Materia de Secuestro; así como el artículo 204 bis, segundo párrafo en su fracción 7, inciso B del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Además, el juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, se continúa con las investigaciones para el total esclarecimiento del caso.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
