La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que analizará las impugnaciones y estaría por invalidar la segunda parte de las reformas a leyes electorales del conocido Plan B de AMLO.
Dio a conocer la Corte que “analizará la segunda parte de las reformas político electorales 2022-2023” con el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek.
La propia Corte da a conocer que en su ponencia, el ministro Laynez “propone declarar la invalidez de esta segunda parte del llamado ‘Plan B’”.
El ministro supone una serie de múltiples violaciones “graves” al proceso administrativo, similar a lo que ocurrió cuando el Poder Judicial invalidó el decreto que tenía la primera parte del Plan B.
Agrega que las violaciones acreditadas comparten en términos generales los mismos procesos que vulneraron múltiples normas sobre el proceso por el cual deben transitar las reformas cuando son subidas a discusión al Congreso de la Unión.
“En total se trataba de reformas a más de 500 disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión (11:04 de la noche) y que se aprobaron en tan sólo cuatro horas”, describe la Corte respecto a la propuesta del ministro Laynez.
Con el poco tiempo, los diputados no pudieron siquiera conocer lo que votaban y analizar a detalle cada punto, refiere al respecto.
Fue en mayo cuando por ocho votos los ministros determinaron invalidar por completo el primer decreto de reformas a leyes electorales.
El Plan B.
Ya ‘tumbó’ la Corte la primera parte en mayo y la segunda parte parece ir por el mismo camino, con lo que estarían eliminando por completo la reforma impulsada desde el gobierno de López Obrador.
El Plan B constaba de dos paquetes de reformas a múltiples leyes, enfocados en materia electoral, luego de no poder pasar el ‘Plan A’ de reformas a la Constitución porque requerían dos terceras partes de los votos en las cámaras legislativas, algo que Morena no tiene sin el apoyo de al menos una parte de la oposición.
De acuerdo con el presidente López Obrador, las leyes iban encaminadas a reducir costos en materia de elecciones e incluso desaparecen áreas completas de los órganos electorales. También contempla normas con multas menos pesadas para los partidos.
