El empresario parralense Otto Valles Baca sostuvo que el gobierno del estado tiene elementos para demostrar que en Chihuahua no se protege a Corral, pero ante la evidencia que arrojan los hechos queda la duda de en realidad cuál de las instancias, federal o estatal, es la que tiende el manto protector.
Ejemplos sobran, pero me voy a referir a uno que desde hace meses debió haberse desahogado y que sin embargo sigue, inexplicablemente, detenido en el Congreso del Estado.
Se trata de la solicitud de juicio político que el empresario presentó ante la Oficialia de Partes del Congreso del Estado el pasado día 2 de septiembre del 2022 y la cual hasta la fecha no se ha dictaminado a pesar de los tiempos jurídicos establecidos por parte de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado.
La solicitud tiene que ver con las violaciones que habría cometido Javier Corral a la Constitución Mexicana, al asumir cargos públicos para los que estaba impedido, pero los que desempeñó mediante actos fraudulentos, al suplantar su nacionalidad estadounidense por la mexicana, utilizando para ello documentos falsos.
Valles Baca, dijo que al solicitar el juicio político en contra de Corral, presentó todas las pruebas necesarias y conducentes que demuestran la comisión de los actos ilícitos en los que incurrió el exgobernador panista, pero sin embargo, todavía es tiempo que la Comisión Jurisdiccional, ni desecha la solicitud, pero tampoco ha procedido.
Citó los ejemplos de otras solicitudes que igualmente fueron presentadas al Congreso, las cuales casi de manera inmediata fueron desechadas, lo “a que mi juicio, la que he presentado cuenta con los elementos suficientes para que se proceda”.
Lo anterior fue referido por el empresario a raíz de las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, en el sentido de que a pesar de que el gobierno del estado adjudica responsabilidad a Javier Corral en algunos hechos, como la muerte del ex funcionario Antonio Tarin, no hay indicios de que se vaya a actuar en su contra, por estar siendo protegido por el gobierno Federal.
Valles Baca dijo que si hay indicios, elementos o pruebas de que Corral tiene responsabilidad y la misma gobernadora así lo manifiesta, el gobierno del estado tiene la obligación de actuar, pues solo así se puede quedar claro, quién en realidad lo está haciendo encubriendo de todos los delitos que cometió.
