El agente del Ministerio Público dio a conocer que, durante el gobierno de Javier Corral Jurado, se llegó a citar hasta 70 veces a un exfuncionario de Hacienda para hacerlo firmar declaraciones que él no realizó, a efecto de utilizarlas en las investigaciones de la “Operación Justicia para Chihuahua”.
En la audiencia inicial en contra de Francisco G. A., se dio a conocer que el testigo con identidad reservada MAMA6/2021 tenía 14 años de experiencia en el ramo financiero y se desempeñaba en la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, renunciando en abril del 2017 por petición de Eduardo Fernández, subsecretario de Egresos bajo el argumento de que su firma aparecía en diversos documentos que eran parte de expedientes por presuntas irregularidades en el gobierno de César Duarte.
Al respecto, se dijo que el testigo fue citado por primera vez en enero del 2017 por la agente del Ministerio Público, Pricila Aguilar quien lo citó en la Casa de Gobierno ubicada en la avenida Zarco, haciéndolo esperar durante 2 horas en la banqueta y expuesto al sol.
En el encuentro se le hizo saber que no existían elementos para considerar que tuvo algún beneficio personal por irregularidades en su cargo, por lo que se le invitó a colaborar como testigo en las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua, sin embargo, se le presentaba información errónea que él busco aclarar ante las personas que lo interrogan.
Los encuentros se realizaban en una sala en la que únicamente había un escritorio y una silla, en ocasiones con presencia de hasta 9 personas y despojándolo previamente de su teléfono celular hasta por 8 horas seguidas.
El testigo con identidad reservada MAMA6/2021 refirió en su declaración que los citatorios se realizaban sin un documento por escrito, recibía una llamada por parte de un teléfono del Gobierno del Estado para que se presentara a la Casa de Gobierno al día siguiente.
El tiempo mínimo de espera para ser atendido era de una hora y nunca firmaba sus declaraciones el mismo día, debiendo regresar 3 o 4 días después para dar su consentimiento a testimonios a los que agregaban frases que él no había expresado en sus interrogatorios, con leyendas como “desvío de recursos”.
Asimismo, en los interrogatorios nunca tuvo el acompañamiento de un representante legal y las declaraciones que le hacían firmar ya incluían la supuesta presencia de un abogado que él no conocía.
Además, indicó que después de varias insistencias por parte de la Fiscalía General durante el gobierno de Javier Corral, accedió a firmar las declaraciones a modo bajo la amenaza de que, en caso de negarse, iniciarían un procedimiento penal en su contra.
Tales interrogatorios agregó que le afectaron profesionalmente pues en sus empleos lo tomaban como irresponsable al no presentarse por tener que atender los interrogatorios y, debido a que su nombre circuló en medios de comunicación como supuesto testigo protegido, sufrió el rechazo de amigos y familiares quienes consideraron que no era bueno que los relacionarán con él.
