Ciudad de México a, 28 de octubre de 2022.- El pleno de la Comisión de Vivienda aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, relativo a los programas del Ramo 15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el cual registra un aumento del 13 por ciento en relación al 2022.
La Comisión propuso modificaciones de ampliación al Programa de Vivienda Social lo cual brindaría más de 30 mil subsidios para acciones de viviendas; al Programa para Regularizar Asentamientos Humanos el cual beneficiará a más de 7 mil personas; el Programa de Mejoramiento Urbano a 3 mil 143 personas y el Programa Nacional de Reconstrucción realizará 6 mil 165 acciones.
De igual forma, para el Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional se propuso un monto de 158 millones de pesos; para el Programa de Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio por un monto de 120 millones de pesos; mientras que para el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos con un monto de 200 millones de pesos.
La Presidenta de la Comisión, Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo, agregó que el Programa de Vivienda Social beneficiará, entre otros estados a Chihuahua en zonas de alta marginalidad a través de subsidios para la autoproducción de vivienda nueva, mejoramiento o ampliación de vivienda.
En su novena reunión ordinaria, la Comisión de Vivienda aprobó también incorporar la perspectiva de género, bajo los principios de igualdad en la Ley de Vivienda para que la población en situación de pobreza y vulnerabilidad tengan acceso a la vivienda.
La legisladora por el PT informó que, de acuerdo al INEGI, en áreas rurales los hombres son propietarios en un 64 por ciento, mientras que las mujeres un 34; y mientras que se otorgan créditos al 66 por ciento de los hombres, solo se dan 34 por ciento a las mujeres; de aquí la importancia de aprobar dicha reforma.
De igual forma, la Comisión aprobó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Junta Directiva del ISSSTE y a la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE para que se modifique el Modelo de Cobranza Institucional relacionada con los créditos que otorga la institución a efecto de eliminar la contratación de despechados privados para cobranza extrajudicial.
La diputada Aguilar Gil indicó que la cobranza extrajudicial a partir de la contratación de empresas o agentes externos a la institución, no preserva los derechos humanos de los acreditados, de hecho, implica el uso de la violencia o la intimidación ilícitos para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos.
