El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) promueve la justicia social en el acceso a la vivienda brindando facilidades de pago a sus acreditados, implementando la baja de las tasas de interés de sus financiamientos y promoviendo la conversión de créditos que fueron otorgados en Veces Salario Mínimo a pesos gracias al programa Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, a fin de dar mayor seguridad jurídica a las familias sobre su patrimonio.
Adicionalmente, desde el inicio de la presente administración, el Infonavit suspendió los llamados juicios masivos y los desalojos, con los que se despojó de sus viviendas a miles de personas acreditadas, en distintas entidades del país, que tenían dificultades de pago.
Así lo informó el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, durante su participación en el sexto foro, “Hacia la Construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, organizado por el Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana de la Cámara de Diputados, donde se abordaron temas relacionados con los juicios hipotecarios.
El titular del Instituto agregó que para darle mayor seguridad a las familias es necesario humanizar los juicios hipotecarios, poniendo en el centro a las personas, no a las entidades financieras, y fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos que sean benéficos para las y los trabajadores, siempre teniendo en mente que la casa constituye el principal patrimonio cientos de miles de familias en México.
Además, propuso la creación de juzgados especializados en materia hipotecaria; transitar hacia un esquema de juicio civil ordinario para dar celeridad a los procesos; y brindar asesoría jurídica eficaz y gratuita por parte del Estado a quienes la requieran, ya que en la mayoría de los casos los deudores del Infonavit son personas con recursos económicos moderados.
“Proponemos que el juicio hipotecario esté en un juzgado especializado, para que los juzgadores tengan la sensibilidad sobre lo que significan la parte patrimonial para el acreditado y considere todas las asimetrías que hay entre las personas y las instituciones en el momento de tomar una decisión”, agregó.
Adicionalmente, Carlos Martínez destacó que el Instituto implementó una política de Cobranza Social que ha beneficiado a más de 3 millones 319 mil acreditados con prórrogas y reestructuras en el pago de su hipoteca, tomando en cuenta su contexto laboral económico para no poner en riesgo su economía de familiar.
En el evento estuvieron presentes la senadora Olga Sánchez Cordero, las diputadas Aleida Alavez Ruiz, presidenta del Grupo de Trabajo de Justicia Cotidiana, Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de Vivienda, y José Alfonso Iracheta Carroll. Director General del Instituto del Suelo Sustentable (INSUS).
