Autoridades del gobierno estatal recibieron este jueves a Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para presentarle las acciones que se han tomado para combatir el fenómeno de desplazamiento forzado interno en la entidad que, en la mayoría de los casos, es generado por la violencia e inseguridad.
El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que la relatora se reunió tanto con personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) como de la administración estatal que integran la Comisión Especial para la atención del desplazamiento forzado, instalada antier.
El funcionario detalló que dicha comisión multidisciplinaria e interinstitucional desarrollará protocolos que permitan atender de manera inmediata y eficaz los casos de desplazamiento forzado para garantizar la protección de las víctimas y la posibilidad de que tengan un retorno seguro a sus comunidades.
Dio a conocer que ya hace unos meses el INEGI presentó una encuesta nacional sobre desaparición forzada realizada que arroja datos reveladores que ayudarán a guiar las acciones de las autoridades.
Sobre el número de personas afectadas por este fenómeno refirió que es difícil dar cifras certeras pues existe una gran cantidad de casos que no se denuncian ante las autoridades y es precisamente uno de los puntos que la comisión deberá trabajar para contar con un diagnóstico.
No obstante, existen casos emblemáticos sobre los cuales se han dictado recomendaciones de organismos de derechos humanos y sentencias de jueces federales, como El Manzano, municipio de Uruachi, Monterde en Guazapares y Ciénega de Guacayvo en Bocoyna, las cuales ya son atendidas por el gobierno estatal.
“No quiero precisar cifras porque hay una cifra que nadie conoce, que estamos hablando de un número importante que hay que atender, más allá de que pueda ser marginal en cuanto al número que no sean cientos de miles, son personas que merecen nuestra atención y que han sufrido algo muy grave”.
Por ello, manifestó que también es un deber del Estado brindar la confianza a la población para que denuncien casos de desplazamiento forzado con la certeza de que recibirán la atención necesaria y la reparación del daño.
“Hay que recordar que el retorno dura mucho, la atención no es sólo seguridad, es educación, alimentación, vivienda, trabajo… Casi todos retornan, pero duran, no es un proceso de la noche a la mañana porque tienes que recuperar la seguridad y garantizar que el motivo del desplazamiento no se va repetir”.
