Armando Gutiérrez, director de Aras (autonombrado CEO y darle así mayor realce a la estafa piramidal disfrazada de empresa financiera), es la estrategia que con suma claridad quedó evidenciada al arrancar ayer el mayor juicio en su tipo en los tribunales del estado.
Con liquidez suficiente desde donde se mantiene escondido, al operador principal del esquema Ponzi le interesa muchísimo que le sea aceptada una propuesta para la supuesta reparación del daño, aunque no haya dado pruebas de que puede cumplir con ello.
Esa misma iniciativa ya había sido planteada anteriormente ante la Fiscalía General del Estado, pero ni su titular Roberto Fierro ni el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, habían mordido el anzuelo de la posibilidad de un arreglo. Por algo.
Por eso no causó sorpresa que la representación de Aras, prácticamente diluida como empresa o grupo financiero, insinuara de forma previa a la audiencia que ya tenían planes de negociación individual con cada uno de los más de 15 mil inversionistas que apostaron a su esquema, de los cuales denunciaron penalmente más de cuatro mil 500.
Pero son muchos los problemas que supone un eventual arreglo por la vía de la justicia alternativa. En primer lugar, está lo que se alargarían los procesos, porque llevan meses de negociación entre las partes; después de eso y ante la probable falta de acuerdo, tendrían que reiniciar las causas por la vía penal.
Y más allá de la parte jurídica del momento, la cuestión financiera-legal es otro brete insuperable para el grupo que durante más de dos años fue la sensación de los chihuahuenses por los altos e irregulares rendimientos que ofrecía.
La Sociedad Promotora de Inversiones (SAPI) estaba y está legalmente impedida para captar recursos del público ahorrador, de acuerdo a las normas vigentes que ha aplicado a medias la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que muy tarde alertó sobre la estafa.
