La Gobernadora Maru Campos aseveró que su gobierno tiene cero tolerancias hacia el abuso de poder y la falta de confianza en los agentes policiacos, por lo que indicó que, en cuanto haya una denuncia o un elemento repruebe los exámenes de confianza, se dará su baja de las corporaciones de seguridad pública.
Indicó que con el Convenio de justicia digital se da un paso más en el camino hacia la transparencia y más garantía del acceso a la justicia, así como del combate a la corrupción; sin embargo, dijo que estas no son las únicas acciones que se implementan, sino que viene también una reingeniería en la Fiscalía General del Estado para mejorar los servicios a los ciudadanos que pagan sus impuestos: “trabajamos en mejora regulatoria en Ciudad Juárez para que todos los trámites se hagan allá y no tengan que venir a Chihuahua”, agregó la Jefa del Ejecutivo.
Aseveró que hay sanciones y cero tolerancia hacia los elementos que reprobaron los exámenes de control de confianza, así como los que tienen denuncias de abuso de poder: “si reprueban los exámenes de confianza, si hay abuso de poder, se van y no hay de otra”, dijo respecto a las denuncias de abuso policial ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y que reportó a la Fiscalía estatal como la dependencia con mayor número de incidentes de abuso de poder y/o de violación a los derechos humanos.
Finalmente, el Fiscal General Roberto Fierro Duarte, indicó que los cerca de 40 elementos que no pasaron los exámenes aplicados por la Fiscalía especializada de control de análisis y evaluación en el C3, ya tienen sus expedientes abiertos y se analiza su situación, toda vez que su separación de la dependencia debe seguir cierto procedimiento, el cual se encuentra en marcha.
Lo anterior, luego de que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, informara que, tras la renovación de los portes de arma de los agentes de dicha corporación, entre 30 y 40 elementos, resultaron no aptos para portar armas de fuego, motivo por el cual se les designó a tareas meramente administrativas, mientras el Consejo de Honor y Justicia de la SSPE, determina la situación de cada uno de los uniformados.
