Con los vendedores de automóviles nuevos del país esperando sentaditos, el Gobierno de México publicó el decreto para la regularización de los autos chuecos en los estados fronterizos del norte, en Michoacán, Nayarit y Durango
Apenas salió el decreto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles reclamó por qué nunca fueron llamados a la mesa de análisis del tema, como se los prometió una y otra vez el presidente Andrés Manuel. Sin llorar.
El decreto funcionará para los autos chocolates en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
Los autos deberán ser de ocho años o más de antigüedad y solo podrá ser una unidad por persona. El costo oscilará entre los 2 mil y los 2 mil 500 pesos.
Ahora la promesa es que los recursos que se obtengan por la regularización, será destinada a los municipios de esos mismos estados, para obras de urbanización.
A ver si no les pasa lo que a los de la AMDA y los alcaldes también se quedan sentaditos esperando.
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Tras los últimos embates vía redes sociales del exgobernador Javier Corral en contra de Maru y su administración, el jefe del Gabinete Estatal, Luis Serrato, sentenció que pronto se iniciarán procesos penales en contra del exmandatario.
Según Serrato, se han encontrado muchos elementos para proceder judicialmente en diversas áreas y sin caer en circos mediáticos ni venganzas, actuarán conforme a la ley.
Por cierto que tras los primeros anuncios de aviadores en las dependencias y compras con sobreprecios, cesaron las declaraciones en torno a las posibles irregularidades cometidas en la administración pasada.
Pero según Serrano, no se quedarán callados y ventilarán cada cosa que se encuentre de la administración de Corral.
Lo que si es un hecho, es que pronto habrá un nuevo capítulo en la interminable telenovela de la política y la corrupción que tanto daño ha hecho a Chihuahua.
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Una censura más a la radio y la televisión con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que los conductores, locutores y periodistas, deberán anunciar cuando solo den información y cuando emitan opinión.
Esta situación de tener que indicar al televidente o al radioescucha cuando de la información se pasaba a la opinión, quedó superada hace tiempo, y el periodismo se ejerció de manera un poco más libre.
Sin embargo, por órdenes de la 4T y como todo lo viene haciendo “de oficio”, la Corte ha declarado inconstitucional esa reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y aplicó esta nueva censura.
Constituye además, un atentado a la libre empresa periodística, porque en el fondo, lo que pretenden es vigilar los comentarios que se emitan en contra del Gobierno Federal.
De hecho, los conductores, locutores y periodistas, deberán abstenerse de emitir comentarios sobre las informaciones, si no quieren verse afectados por la guadaña impuesta.
La orden de la Corte es que deberán distinguir claramente lo que es información de lo que es opinión.
Para hacerlo, se basó en un amparo interpuesto por un tal “Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos”.
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Finalmente, el Gobierno Federal, a través de su otro aliado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encontró la manera de ir en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.
Este Tribunal ordenó a la Fiscalía General de la República que entregue al Instituto Nacional Electoral información relacionada con las investigaciones del caso Odebrecht, para localizar el posible financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Peña.
Dicha información había permanecido en secrecía a cargo de la FGR, bajo un pretexto de “secreto ministerial”, con el cual se habían negado hasta ayer para comprobar ese secreto a voces del financiamiento indebido a la campaña del expresidente.
Según el Tribunal, el “secreto ministerial” no aplica en materia fiscal, con lo que dieron luz verde a esta nueva investigación.
Los informes que pronto serán revelados incluyen, además de la empresa brasileña Odebrecht, a la española OHL, cuyos dineros fueron operados por el preso director de Pemex, Emilio Lozoya en favor de Peña Nieto, en 2012.
