A principios de año, la gobernadora Maru Campos recibió la notificación oficial de que no existía en ningún tribunal, ninguna causa penal en su contra. No hubo festín, simplemente se dio vuelta a la página.
De hecho, fue desde el 7 de septiembre del 2021, unos días antes de su toma de posesión como gobernadora, se dictó una sentencia mediante la cual se revocó el auto de vinculación a proceso.
La Tercera Sala Penal resolvió que no existían elementos para que el juez –ahora falso arrepentido que seguramente pisará la cárcel por manipular la justicia– hubiera dictado la vinculación a proceso.
Así, la persecución penal de la que fue objeto durante casi un año, que la hizo literalmente dormir con un amparo bajo el brazo, quedó sobreseída.
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Y, “a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”, decían en el rancho. El hecho de que el juez Uriel Mendoza, quien vinculó a Maru a proceso sin tener las pruebas suficientes, como se dijo en su momento, no hace sino confirmar lo que siempre se dijo.
Uriel y otros juzgadores eran jueces a modo para la Operación Justicia por Chihuahua de la anterior administración.
La confesión pública de Uriel a través de prestigiado periódico de la ciudad, causó obviamente toda clase de reacciones.
Incluso, por la tarde el priísta Rodrigo de la Rosa, quien junto con Maru fue acusado y vinculado a proceso por la llamada “Nómina Secreta”, presentó ante el Consejo de la Judicatura, una queja formal para que se proceda en contra del juzgador.
En el Congreso del Estado, el coordinador de los diputados panistas, Mario Vázquez, exigió que se inicie un proceso jurídico en contra del exgobernador Javier Corral, por haberse entrometido en el Poder Judicial para manipular la justicia, según la declaración pública del juez Mendoza.
Pero la confesión del juez embarró hasta al expresidente del Tribunal, Pablo Héctor González, a quien se exige que también se le abra proceso jurídico.
Este nuevo capítulo de la justicia en Chihuahua dará mucho de qué hablar.
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Siguen los enfrentamientos en torno a las firmas que presentó la Cuarta Transformación para respaldar la caprichosa Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahora, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, tuvo que salir a corregir al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre la cantidad de firmas que se han cotejado y validado para ser tomadas en cuenta para el proceso de Revocación.
El Secretario dijo que el INE ya había validado más de 3 millones de firmas de ciudadanos. Claro que lo dijo con toda la intención para seguir forzando al INE a que realice la Revocación si o si, a pesar de que no haya el respaldo de firmas que establece la ley.
Adán Augusto hasta pidió al INE que ya dejara de contar y validar firmas para que no siguiera gastando los recursos porque ya estaba acreditado el mandato de la Revocación.
Por eso, Córdova se apuró a aclarar en su cuenta de twitter que el INE aclaró que hasta ayer, se habían acreditado 2 millones 140 mil firmas, es decir, el 77.6% de las dos millones 758 mil 227 que se requieren.
Es decir, faltan algo así como 500 mil firmas de ser validadas y aunque sabe que no tendrá otra salida, el INE se resiste a dar su brazo a torcer al capricho presidencial.