Chihuahua.- Luego de haber contactado a su abogado “hace un par de años” para pedirle opinión sobre lo que el gobernador del Estado Javier Corral estaba haciendo en su contra, este lunes la defensa del ex gobernador César Duarte presentó una demanda por daño moral ante el juez civil por audiencias del Distrito Judicial Morelos.
En rueda de prensa este martes, el apoderado y defensor del ex gobernador Juan Carlos Mendoza Luján, explicó que se busca “acreditar la responsabilidad civil del señor Javier Corral Jurado en lo personal y en su calidad de titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, por el ejercicio irresponsable, reiterado y doloso, por la cantidad de 3 mil millones de pesos, por concepto de reparación y/o compensación del daño moral y/o material, o bien lo que el juez y los peritos consideren que compense /o repare los daños causados”.
En esta demanda, agregó, se busca también una disculpa pública, así como la exigencia de una garantía a la no repetición y la suspensión inmediata, plena y definitiva de las innumerables manifestaciones que ha tenido Corral respecto al caso, al llamarlo, sin mediar sentencia alguna, “vulgar ladrón, “corrupto y corruptor”.
Aseguró que la demanda interpuesta por sí sola “prueba lo que Corral Jurado no pudo probar; pero además, prueba que viola, violó y con su informe de anoche y probablemente el que pronunciará en unas horas, sigue violando cuanto puede en el ejercicio sin escrúpulos de su ejercicio personal y del ejercicio de la Titularidad del poder Ejecutivo la presunción de Inocencia, el debido proceso y con ello los derechos humanos que tanto dice proteger. Imaginen, si no lo hace con un persona que ocupó la mayor responsabilidad en el Estado… ¿creen ustedes que habrá respetado los derechos de los demás chihuahuenses?”, cuestionó.
Y dado que en “las últimas tres acciones que como defensa las autoridades judiciales han fallado a nuestro favor”, esto muestra a Corral como “uno de los principales transgresores del orden jurídico al cuál se comprometió a velar por su cuidado”.
Señaló que “durante casi siete años se permitió para el pueblo de Chihuahua y sus instituciones, algo que ha sido muy grave con el objetivo de servir a distintos fines, entre otros: conseguir votos, darle valor al ejercicio de gobierno, consolidar o justificar sus presupuestos”, por lo que “el Lic. Duarte me contacta hace un par de años y me pide una opinión en mi calidad de abogado, en lo personal primero y con mi equipo después, identificamos que el ejercicio de la justicia tenía un sobrado matiz democrático, es decir, que todo mundo tenía ya una sentencia firme sobre su persona, su familia y sus bienes. Inmerso en el estudio del derecho, identifico que en ese juicio tanto “institucional” como colectivo no ha habido la más mínima posibilidad de mostrar su inocencia”.
