Sin luz, sin agua y sin gas, las pérdidas son multimillonarias para los sectores comercial e industrial y una grave afectación para la población en general.
Las cámaras industriales del país calcularon que los daños ocasionados por el mega-apagón es de al menos 160 mil millones de pesos y paralizó a 1 millón 300 mil trabajadores.
A nivel nacional, Index, Concamin y Coparmex, exigieron responsabilidad ante los graves daños ocasionados por la incapacidad de la CFE para haber previsto la paralización del servicio.
Anoche, la CFE afirmó que ya habían restablecido el servicio al 100 por ciento en el estado de Chihuahua, pero fueron desmentidos por Concamin, quien dijo que seguían reportando problemas en la mayoría de las industrias.
A nivel de la población, en Ciudad Juárez y en Villa Ahumada, la gente salió a hacer compras de pánico y agotó los estantes de agua embotellada. En Juárez además “asaltaron” un pozo para abastecerse del líquido.
Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo habla de que se corregirán y se tomarán previsiones para que no vuelva a ocurrir.
Pero no se habla de tomar medidas contra los responsables del desastre.
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El mega-apagón no fue desaprovechado por los políticos, dirigentes y candidatos, quienes se lanzaron pullas denunciando la incapacidad de la 4T y Morena que no sabe otra más que calificar de “politiquerías”.
La candidata a diputada federal, Rocío Reza, criticó que el Gobierno Federal no sea capaz los problemas más apremiantes de la población y que en lugar de invertir en energías limpias, se empeñara en el desatinado proyecto de la refinería de Dos Bocas.
También el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, le entró a las críticas y señaló que indudablemente el Gobierno Federal tiene equivocada la estrategia, es un gobierno que no sabe planear y que tiene frenada la reforma energética.
Claro que para Morena, según el todavía dirigente, Martín Chaparro, se trata de “pura politiquería”, como no saben otra para defender al indefendible gobierno de la 4T.
Todavía se atrevió a asegurar que algunos no quieren entender la manera como se administra la CFE.
Y claro, culpó a los gobiernos anteriores de ser los responsables del mega-apagón y las graves pérdidas que ocasionó la incapacidad de la CFE, faltaba más.
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Mientras que se mantiene la expectativa por saber si finalmente extraditarán al exgobernador César Duarte, o si seguirá detenido en Miami, Florida, e incluso si lo dejarán libre, el fiscal Peniche encendió nuevamente la llama de la “Justicia para Chihuahua”.
Afirmó que están en proceso de hacer la solicitud de la detención con fines de extradición de dos exfuncionarios de Duarte que se encuentran refugiados en Estados Unidos.
Se negó a dar nombres por la secrecía de los casos, solo adelantó que son buscados por desvíos de millonarios recursos.
En cuanto a César Duarte, o tienen ninguna notificación de la Corte donde se desarrolla el juicio de extradición y la Fiscalía General de la República simplemente está a la espera de alguna confirmación.
El tema levantó especulaciones en cuanto a los nombres de quienes se trata y hasta se corren apuestas: será el ex de Salud, el de Comunicación social, el de Educación… ¿quién da más?
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Cada día son más las voces que denuncias y demuestran la estrategia electorera del Gobierno Federal con la aplicación de la vacuna anti covid-19.
Medios de comunicación de gran prestigio a nivel nacional, han retomado el asunto y advierten que se incurre en una grave violación a diferentes normas legales y tendrá que haber consecuencias.
Se afirma que en la estrategia de vacunación la ruta anunciada por el Gobierno Federal no tiene como objetivo principal vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, ni de atender las zonas que más lo requieren.
Para muestra: cada equipo de vacunación se compone de 13 personas, que son un responsable médico, un vacunador y una enfermera o enfermero, 4 militares, 2 promotores de programas sociales, 2 voluntarios estudiantes de Medicina y 2 “Servidores de la Nación”.
Hasta ahora, la denuncia que ronda por todo el país, es que los “Siervos” piden a los abuelitos que son vacunados, la credencial de elector y en el mejor de los casos, le toman foto y se las devuelve. Esto es un claro delito electoral.
Las zonas elegidas para la vacunación son 333 municipios, los más pobres y con bajos niveles de contagios, en lugar de dirigirla a las regiones donde la pandemia causa severos estragos.
¿Así o más claro?
