Toca el turno al PRI, mejor dicho, a las mujeres priístas y la cosa se pone interesante, ya que Graciela Ortiz González, Chela para los amigos, arranca hoy por la gubernatura.
En caso de que el PAN también resuelva por el caso de Maru, habrá dos candidatas al Gobierno del Estado por primera vez en la historia y una de ellas sería seguramente la primera gobernadora del Chihuahua, porque no hay más.
Lo malo para Chela Ortiz es que llega a un partido muy alicaído, con más ganas de seguir no haciendo nada que intentar recuperarse.
Sus contrincantes ya le llevan mucha ventaja: las precampañas del PAN iniciaron desde hace mucho, Juan Carlos Loera de Morena anda por todos lados, el Caballo Lozoya de Movimiento Ciudadano trae vuelo en el sur, bueno, hasta el independiente Jaime García Chávez ya trae más firmas que Chela apoyos.
Pero por algo se lanza y aunque la pensó bastante, hoy al medio día será presentada oficialmente ante los medios de comunicación en el Comité Estatal donde ya despacha Alejandro Domínguez.
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Como era de esperarse, la embestida legal en contra de Maru Campos arreció en la recta final de la contienda interna por la gubernatura, pero una vez más quedó en el intento.
Sin embargo, es claro que Maru depende de ese ansiado amparo que sigue buscando con ahínco, para poder llegar sin sobresaltos a la elección del domingo 24.
Si llega y sale airosa, no puede dar por sentado que ya no será buscada por la justicia corralista, pero si le dará un segundo aire para y sobre todo, que encontrará mayor respaldo nacional para seguir adelante.
Por eso, el asunto del amparo y la audiencia celebrada el viernes en un juzgado de Juárez tuvo mucha relevancia y eco, porque si se le concedía, la autoridad judicial perdería su mejor arma hasta ahora: mantener en secreto el o los expedientes contra la alcaldesa con licencia.
Si perdía el amparo, podría ser citada por los tribunales o hasta aprehendida.
Pero el juez suspendió la audiencia y la cosa siguió igual, aunque el consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza, afirma que el juez le negó el amparo definitivo y que puede ser citada a declarar.
Maru salió a los medios para pedir a los panistas que no hagan caso de los rumores y se mantengan firmes con su decisión para las votaciones del domingo.
Por lo pronto sigue enfrentando la amenaza y le queda una semana para amarrar.
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Pues pasaron las 48 horas y nada. El fin de semana Cruz Pérez Cuéllar debió recibir la respuesta de la Comisión de Procesos de Morena, pero al parecer le aplicaron la ley del hielo.
Se recordará que la Comisión de Honor admitió la queja que interpuso Cruz luego de que Morena diera por ganador de la encuesta y convertido a candidato a gobernador, a Juan Carlos Loera.
La comisión de procesos y la propia dirigencia hizo mutis a la queja, por lo que Cruz ha buscado por diversas vías que se le haga justicia, incluido el Tribunal Estatal Electoral, quien le contestó que tenía que ser el propio partido el que le resolviera.
Finalmente, la Comisión de Honor otorgó a la de procesos 48 horas para que le resolviera. Ese plazo venció hace otras 48 horas y nada.
Como sea, se sigue viendo muy difícil que Morena cambie la decisión y convierta a Cruz en su candidato, pero debe darle una respuesta formal que le permita al senador continuar la batalla.
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El Instituto Estatal Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que deje de hacer comentarios en torno a las elecciones y de emitir opiniones a favor o en contra.
Es decir, debe callarse la boca por el principio de equidad de la contienda y porque hace uso de los recursos de la Presidencia para hacer campaña a favor de su partido.
Más allá de la discusión en torno a si debe o no continuar las mañaneras, el principio de equidad exige que debe dejar de manifestarse, y posteriormente, cuando arranquen las campañas, deberá suspenderlas en definitiva.
El INE determinó que tanto el presidente como las y los gobernadores, se deben conducir con neutralidad e imparcialidad y que garanticen que los procesos electorales en curso se desarrollen en condiciones de equidad y libertad.
Con esa decisión, López Obrador y los gobernantes, no pueden hablar sobre prerrogativas de los partidos políticos, la vida interna, las candidaturas, las alianzas o coaliciones, de las plataformas ni de nada que tenga que ver con el proceso y que tenga el objetivo de inclinar la balanza.
Podrá patalear, podrá impugnar, podrá hacer lo que le venga en gana, pero la ley es la ley y debe respetarla. Es la misma ley por la que ganó la presidencia y que ahora pretende desconocer y violentar.
Así que como él lo dijo años atrás: “cállate Chachalaca”, ya es hora.
