Secretario General de Gobierno informa que se envió una carta a cada representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad para exigir que cumpla con lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
Trabajar coordinadamente con la Federación en materia de seguridad, garantiza un ejercicio más eficiente en la prevención y combate a la delincuencia, lo que abona a brindar tranquilidad y paz a la sociedad, señaló el secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé.
En conferencia de prensa virtual junto al Consejero Jurídico, Jorge Espinoza Cortés, se abordó la situación que se vive en el Estado de Chihuahua después que en septiembre, las instituciones de seguridad del gobierno Federal abandonaran el Grupo de Coordinación para la Reconstrucción de la Paz Chihuahua.
El 2 de septiembre la Guardia Nacional dejó de participar en la Mesa Estatal de Seguridad; el día 11 lo hizo la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) a través de las Quinta y 42 zonas militares, y el 28 hizo lo propio el Consejo Nacional de Inteligencia.
Solo la Fiscalía General de la República ha mantenido la comunicación y el trabajo con las autoridades estatales.
Mesta Soulé recordó que el gobernador Javier Corral fue notificado de manera informal el 14 de septiembre sobre dicha decisión, por el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
Ante esta condición, el Gobierno del Estado de Chihuahua presentó una demanda de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para buscar revertir el abandono de la Mesa Estatal de Seguridad, misma que fue admitida por el máximo tribunal de justicia en carácter de urgente, debido a la trascendencia del tema.
Adicionalmente, Mesta envió una carta a cada representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad (Alejandro Joaquín Martí García, Mark Fastlicht Sackler, Avital Saskia Niño de Rivera Cover, Juan Manuel Hernández Niebla y Jorge Contreras Fornelli), para exigir a este órgano que cumpla con lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República.
Explicó que esa estrategia establece la obligación de “garantizar la coordinación entre las instituciones federales y estatales para la construcción de la paz y la seguridad”.
Mesta Soulé informó que en otra acción de Gobierno del Estado, se da acompañamiento a los productores chihuahuenses en la solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentada el 22 de octubre.
En la carta se hace un llamado para “el retiro de la Guardia Nacional y el Ejército de las presas en territorio del estado de Chihuahua”, tras los hechos y vulneraciones registrados durante el conflicto del agua en la entidad.
La petición se asemeja a la que hizo el gobernador Javier Corral, cuando propuso que los elementos de la Guardia Nacional que se encuentran en las presas de la entidad, fueran reasignados para cumplir tareas que abonen a la seguridad en Ciudad Juárez y otros municipios.
El secretario General de Gobierno consideró que el distanciamiento social ocasionado por la pandemia SARS COV-2 ha sido aprovechado por la delincuencia organizada, en distintos hechos delictivos ocurridos en distintas regiones del estado.
Dijo que a pesar de que los homicidios dolosos en septiembre y octubre registraron un descenso, el Gobierno del Estado insiste en retomar la coordinación en aras de brindar la tranquilidad y paz que demanda la población, en seguimiento al compromiso asumido por el Ejecutivo estatal en este sentido.
La insistencia en retomar el trabajo conjunto, expresó Mesta Soulé, va acompañada del rechazo a la actitud del Gobierno Federal de pretender decidir en qué estado actúa y en cuál no.
Consideró que esta situación claramente contradice al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de los estados y de los municipios, los cuales deben coordinarse, en los términos señalados por la ley.
Afirmó que carece de sustento el señalamiento del Gobierno de la República, sobre las supuestas filtraciones de información, sobre los asuntos que se tratan en las reuniones de la Mesa de Seguridad.
