Mónica Vargas Ruiz explica la participación de la dependencia a su cargo, para la Operación Justicia para Chihuahua: “Vamos a pelear hasta el último día en que estemos en la administración para que no se pierdan esos recursos”
Están iniciados 72 procedimientos de los cuales se han resuelto 10 y existen 76 exservidores públicos involucrados
La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Chihuahua ha presentado 97 denuncias a exservidores públicos por daños al erario estimados en 2 mil 700 millones de pesos, informó la titular de la dependencia, Mónica Vargas Ruiz.
Durante su participación en el Encuentro Nacional Anticorrupción 2020, para explicar la participación de la SFP en la Operación Justicia para Chihuahua, indicó que de ese monto se iniciaron 72 procedimientos con 76 exfuncionarios involucrados, y se han resuelto 10.
“Vamos a pelear hasta el último día en que estemos en la administración, a dar la batalla legal para que no se pierdan esos recursos, para que el fin último del combate a la corrupción, se logre, que es recuperar ese recurso que fue desviado para intereses personales de unos cuantos”, expresó.
Mónica Vargas dio a conocer que a partir de octubre de 2016, la SFP de Chihuahua recibió una serie de denuncias por irregularidades encontradas principalmente en la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, de Educación y Fideapech.
Una vez que la SFP recibió las denuncias se avocó a realizar las auditorías e investigaciones que le permitieran allegarse de los elementos necesarios para determinar qué tipo de irregularidades se habían encontrado, explicó.
A partir de esta acción se determinó que en 88 de las 97 denuncias presentadas, se podía presumir que había hechos constitutivos de delito y se comenzó a integrar los expedientes para hacer las denuncias penales, observó.
“A la fecha, de estas 88 denuncias penales o de expedientes que tenemos, que pueden ser denuncias penales, ya se han presentado 85, en un principio se presentaron ante la Fiscalía General del Estado, y una vez que se creó la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción, se comenzaron a presentar aquí”, comentó.
Entre las irregularidades más frecuentes que identificó la SFP, estuvieron las relacionadas con contrataciones por adjudicaciones discrecionales o directas y sin fundamentos, agregó.
“Una sección que no correspondía a lo que se estaba contratando, a los bienes que se estaban adquiriendo, procesos de contratación simulados con empresas fantasma, la utilización de empresas sin infraestructura, activos, capacidad de material directa o indirecta, o bien, no localizadas”, describió la funcionaria.
También –continuó- había empresas a las que se les contrataba y “nada tenía que ver el objeto de esa empresa, o eran empresas de reciente creación, y era muy evidente que se habían creado para adjudicarles esos contratos”.
Otro de los hallazgos en las investigaciones de la Función Pública, fue los innumerables pagos indebidos, o sea, sin la justificación de haber recibido el servicio o los bienes para los que fueron contratados, una obra pagada y no ejecutada y también predios adquiridos muy por encima del valor real, añadió.
De igual manera, una y otra vez se detectaron tanto transferencias como subsidios que no comprobaron haber llegado al beneficiario último.
Vargas Ruiz indicó que de manera paralela se trabajó en los procedimientos administrativos de las 97 denuncias presentadas, y en todas encontraron irregularidades en la materia.
“Se ha procedido a la integración de los expedientes, para iniciar estos procedimientos, y a la fecha tenemos 72 iniciados, con un daño estimado al erario público por más de 1 mil 700 millones de pesos”, detalló.
Resaltó que cada expediente se denunció por al menos tres de las referidas irregularidades, ya que era evidente que los contratos se hacías posteriores al pago.
“Encontramos una serie de inconsistencias en la cronología, de cómo se iban haciendo los hechos y en la cronología en cómo se iban documentando, pues no correspondían a lo que marca la ley”, observó.
Como resultado, la SFP inició 72 procedimientos administrativos en los que están involucrados 76 exservidores públicos, y cinco expedientes en este rubro son contra el exgobernador.
“Principalmente por los pagos que se hicieron a personas morales donde él, o era el socio principal o era el presidente, (como) el caso de la Asociación Ganadera de la División del Norte o el caso de la Financiera de la División del Norte”, describió.
Mencionó que el exmandatario tuvo que ser notificado por medio de edictos, porque los procedimientos fueron abiertos antes de que fuera detenido en los Estados Unidos, y no estaba localizado en México.
“A él se le declaró en rebeldía, por no atender los requerimientos de la autoridad. Únicamente lo tenemos en cinco procedimientos porque la propia estructura de la administración pública estatal le permitió hacer este tipo de desvíos sin que estuviera vinculado directamente”, explicó.
Sin embargo, llama la atención que haya cuatro exfuncionarios públicos de esa administración, quienes aparecen en más de 30 procesos de procedimientos administrativos disciplinarios, y pertenecían a la estructura operativa.
“Es muy claro que tenía su séquito, que era quienes operaban directamente estos desvíos”, expresó.
Mencionó que la SFP actualmente ha impuesto 210 millones 978 mil pesos, en sanciones económicas, pero ninguno ha causado estado porque la defensa busca prolongar el tiempo con recursos que les permite la ley para debatirle a la autoridad la imposición de estas sanciones económicas.
“Es importante señalar que cada uno de estos personajes, funcionarios que hemos sancionado, en ningún momento han aportado pruebas de convicción que desvirtúen los hechos que nosotros les estamos invitando ellos”, recalcó.
Lo anterior nos “deja muy claro y nos convence aún más de que los hechos que nosotros estamos señalando, están debidamente soportados”.
