¿Qué se puede o se debe esperar de la venganza de Andrés Manuel López Obrador, alias El Peje, contra Chihuahua?
Todo. Tiene todo el poder, tiene las instituciones, los recursos y sobre todo, el odio suficiente para hacerlo. Empezó por dejar de lado la coordinación de las fuerzas policiacas federales con las estatales.
Desde hace meses se viene dando una reducción importante en recursos de programas federales. Los de desarrollo del campo, en materia de infraestructura carretera, en materia de salud y varios más, no llegan los recursos presupuestos. El pretexto: la pandemia.
No habrá castigo para los policías de Guardia Nacional que dispararon a quemarropa y por la espalda a una indefensa mujer e hirieron gravemente a otra persona, en Delicias. Ya lo calificaron de “lamentable accidente” y las lamentaciones se arreglan con un “ahí disculpe”.
El pleito con el gobernador Javier Corral ya llegó al grado de los insultos en televisión y redes sociales.
Hasta dónde puede llegar: va por la vía de las denuncias y procesos penales en contra de todos los que está señalando como líderes opositores en el caso del conflicto por el agua.
Por lo pronto, la denostación, el insulto, la exhibición. Hoy empieza exhibiendo públicamente a los agricultores de la región que é considera “potentados acaparadores del agua”.
Hasta dónde habrá de llegar: hasta donde se le permita, solo hasta ahí.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dicho que nada, nania, niguas, ni un cinco o un centavo más en incentivos fiscales o recursos para empresas o para la sociedad en general.
En este anuncio también le cayó el saco al gobernador de Chihuahua Javier Corral y los otros mandatarios estatales que reclaman más recursos federales en este 2020 para enfrentar la pandemia del coronavirus y en el próximo para la recuperación económica.
El secretario Arturo Herrera ha dicho ya que no hay ningún apoyo fiscal adicional para los estados del país, tal como se contempla en el Presupuesto de Egresos para el 2021 que ya está en la Cámara de Diputados y de Senadores.
El Paquete Económico para el siguiente año será de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos, 0.3% menos que el 2020. Este gasto se apoyará de los 5.53 billones de pesos que se prevén por ingresos presupuestarios y 756,789 millones derivados de financiamiento.
En la política financiera de la Cuarta Transformación, apostarán por una economía que seguirá operando por debajo de su potencial mientras continúe la pandemia de Covid-19, con recuperación lenta y hay que aprender a vivir con ello.
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes designó a nuevo delegado para el Centro SCT Chihuahua, el cual llegará únicamente a cobrar su sueldo, porque recién se dio a conocer que Chihuahua no fue contemplado en inversiones de esa dependencia para el 2021.
Quién sabe si continúen por lo menos parchando las carreteras, pero lo que es obra nueva, el presupuesto de AMLO dejó fuera a esta entidad de cualquier proyecto.
Así que Carlos Luis Ramírez García, quien ha sido designado por Javier Arganis Díaz Leal, llegó a Chihuahua desde el 17 de septiembre, pero apenas se dio a conocer.
Ramírez García es originario de Durango, Ingeniero Civil, exdirector de los centros SCT Nayarit y Veracruz, subdirector de obras en SCT Guerrero y Chihuahua, pero también ha sido constructor.
Sustituye a Julio César Huerta Flores quien estuvo en el cargo desde enero de 2019.
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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, proyecta declarar inconstitucional la consulta de Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los expresidentes.
Apenas se conoció el proyecto, la rabieta de El Peje no se hizo esperar, pidió a los ministros que actúen con apego restricto a la ley y no se dejen intimidar, que actúen con criterio.
Pero como siempre, ya los enjuició públicamente y les dijo en su mañanera que “aunque ellos resuelven de conformidad con los establecido en las leyes, tomen en cuenta el sentimiento del pueblo”.
O sea, primero les dice que se apeguen a la ley y luego que a la voluntad de su pueblo “sabio y bueno”.
Según trascendió, en su proyecto, el ministro encuentra que el objeto de la consulta es inconstitucional porque su núcleo central se enmarca en supuestos que están prohibidos.
La materia que se solicita consultar, conlleva una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad.
El proyecto será discutido por la Corte en la sesión de 1 de octubre.
