Dicen que saltarán chispas desde la Ciudad de México donde se reúne hoy la Alianza Federalista.
La primera razón es porque no hay ningún gobernador de la zona es integrante de la Alianza, así que van a metérsele hasta la cocina al Peje.
La segunda, porque harán un pronunciamiento en contra del Presupuesto Federal del 2021 que castiga fuertemente a las entidades federativas.
Según la agenda de los gobernadores, mañana por la noche se reunirán con los líderes de las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, del Senado de la República.
Los gobernadores que acuden, son: José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Auroles Conejo, de Michoacán; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato y de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
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De veras que la gente de Conagua no solo complica la situación, sino que le juega la contra al propio Gobierno Federal.
Apenas la Secretaría de Gobernación había planteado la solución al conflicto de aguas, cuando la directora de Conagua, Blanca Jiménez, volvió a meter su aferración contra Chihuahua.
En un comunicado oficial, salió con que el estado debe aportar el 54% del pago al Tratado de Aguas y acusó que desde 1994, bajó la aportación del 61 al 38%.
Por cierto, mal se ve la supuesta doctora Jiménez en dar entrevistas a medios de comunicación sin tener los datos a la mano de que tanto acusa a Chihuahua.
En noticieros de corte internacional sale con la bobada del “no recuerdo en este momento” cuando se le cuestiona por la aportación de Chihuahua, la situación de las presas y otros datos en los que según ella, la entidad incumple.
Así que lejos de propiciar la solución, la empeora, alentada desde luego por su patrón el Peje.
‘Impericia’, le llamó el gobernador, otros le llamarían por su nombre.
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Hablando del Peje, el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, le canceló indefinidamente el Programa Sectorial de Energía (PSE) 2020-2024.
Así, el decreto de Andrés Manuel López Obrador quedó sin materia por los graves daños que está ocasionando a la economía del sector energético del país.
El promotor del amparo fue nada menos que el grupo ambientalista Greenpeace y aunque se trata de una medida cautelar, prevalecerá hasta que el juez resuelva de fondo el amparo.
El juzgador señaló que el Programa Sectorial de Energía se opone al fomento al empleo de energías limpias y disminución de contaminantes.
La suspensión comenzará a surtir efecto una vez se notifique oficialmente a las autoridades.
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A través del Senado, el presidente Andrés Manuel insiste en tender la trampa y cortina de humo, para llevar a consulta popular la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes, solo porque tuvieron ese cargo, no porque hayan documentado irregularidades en su gestión.
Nadie dice que se trate de expresidentes incólumes, menos este Fisgón, porque de que traen cola y larga, ni duda cabe, pero de eso a burlarse de las instituciones y sin permitirles un debido proceso y juicio justo, es una barbaridad del tamaño de México.
Así que los senadores de Morena, fieles al amo, enviaron al Instituto Nacional Electoral las dos solicitudes “ciudadanas” sobre la consulta de juicio.
Ahora lo que deberá hacer el INE, si acepta la responsabilidad, será corroborar la autenticidad y el número de firmas que aparecieron mágicamente a unas cuantas horas de que venciera el plazo para reunirlas y cuando les faltaban unas 800 mil.
El total de firmas enviadas al INE supera los dos millones, cuando solo necesitaban un millón 600 mil.
Ahora sí tendrán que desquitar su millonario sueldo los consejeros del INE y además en plenas elecciones a celebrarse en Coahuila e Hidalgo.
Por cierto, una de las consultas fue solicitada por la morenista Yeidckol Polevnsky y la otra por Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena.
Ahora el INE dispondrá de un plazo de 30 días naturales para verificar si cuentan el respaldo auténtico por lo menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal electoral.
