El fisgón

***Maru al rescate económico del país… ***Niegan amparo a esposa de Duarte… ***Radicalizan protestas por el agua… ***Pide INE más de 20 mil millones…

La alcaldesa de Chihuahua se voló la barda con la firma de un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial del país, para encabezar la reactivación económica en los 2 mil 445 municipios que conforman la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM).

La alianza para promover el desarrollo económico que haga frente a la crisis del COVID-19, fue firmada con el CCE que encabeza Carlos Salazar.

Previamente, alcaldes y empresarios sostuvieron un diálogo virtual en torno a la situación actual del país y las acciones que pueden desarrollarse en beneficio de miles de mexicanos representados por las y los alcaldes de los 2 mil 445 municipios y 12 organizaciones empresariales.

Lo que han rechazado el presidente Andrés Manuel y muchos gobernadores del país, lo asume la CONAMM y los empresarios organizados. La tarea será generar acciones con las micro, pequeñas y medianas (Mipymes) para que detonen el desarrollo económico de los sectores de servicios y comercio.

Participaron la alcaldesa Maru Campos; Jaime Domingo López, presidente de la Comisión de Seguridad del CCE; Armando Quintero Martínez, alcalde de Iztacalco; Nathan Poplawsky, presidente de CANACO capítulo CDMX; el alcalde de Apodaca, Nuevo León, César Garza; Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN); Enrique Vargas, alcalde Huixquilucan; José Manuel López presidente de CONCANACO SERVYTUR y el presidente nacional de los empresarios, Carlos Salazar.

“Hay una deuda histórica para miles de mexicanos y urge responder ante la problemática histórica a la que se enfrenta México y el mundo, especialmente por el problema coyuntural que ha significado la pandemia que podría atrasar el desarrollo del país y de la economía en años y disminuir el Producto Interno Bruto hasta en un 10%”: dijo el líder empresarial.

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Retomando la Duarte-novela, la cual este Fisgón dejó de lado para seguir la huella al Pemex-marranero, pero que no dio nada nuevo, resulta que un juez federal negó el amparo a la esposa de César Duarte, Bertha Gómez Fong.

Así que si alguna autoridad está interesada en perseguirla, detenerla, extraditarla y enjuiciarla, es el momento para que vayan por ella.

Ayer se dio a conocer que el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo de Brieba Castro, determinó negar la medida cautelar solicitada por la quejosa.

Ya se había dicho que las autoridades chihuahuenses iban tras la esposa del exgobernador, ya que también acumuló bienes producto del saqueo del dinero del pueblo, sin embargo, resulta que Bertha Olga no pudo acreditar ante el juez quien o quienes son las autoridades interesadas en su causa.

Juan Mateo dijo en su resolución que no se aclara si existe alguna solicitud que demuestre que el gobierno mexicano está interesado en extraditarla junto con su esposo, quien es requerido para ser juzgado en Chihuahua.

Recuento: el 8 de julio, César Duarte fue detenido en Miami, Florida, por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) con base en una orden de detención con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos.

El exgobernador fue capturado tras librarse una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, el 8 de octubre de 2019.

El 18 diciembre de ese mismo año, la Fiscalía General de la República solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud formal de extradición a Estados Unidos.

Existen al menos 20 órdenes de aprehensión libradas por jueces del orden común, solicitadas por la Fiscalía de Justicia de Chihuahua por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, derivado de desvíos de recursos públicos por mil 200 millones de pesos, dinero se cree que fue a parar a las campañas electorales del PRI.

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Los productores agrícolas que defienden el agua de las presas de Chihuahua radicalizarán aún más las protestas para exigir respuestas.

Por el momento no han logrado nada: Conagua sigue extrayendo el agua de las presas con apoyo de la Guardia Nacional y no hay autoridades ni locales ni federales que se comprometan a algo.

Eso sí, en su segundo día de acciones en la capital solo generaron la molestia y la antipatía de los chihuahuenses por los bloqueos en calles, edificios y casetas de peaje.

El gobernador Javier Corral, literalmente expulsado del Palacio de Gobierno, no ha dicho nada, simplemente porque ni siquiera él tiene acceso a las autoridades que otrora le jugaron el dedo en la boca prometiéndole mesas técnicas de negociación y que no abrirían compuertas, pero mal les daba la espalda y faltaban a su palabra.

Durante el día de ayer se esperaba que atendiera a los campesinos, pero por más que esperó que sonara el ‘teléfono rojo’ nomás no hubo ring.

Los agricultores informaron que Conagua comunicó que no cerrará las compuertas y seguirá extrayendo agua para pagar la cuota del Tratado Internacional con Estados Unidos.

Así que el siguiente paso será el bloqueo a más edificios e instalaciones gubernamentales, así como vías de comunicación y hasta están llamando a una huelga de pagos.

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Para no variar y aunque ven la tempestad y no se hincan, el Instituto Nacional Electoral solicitará 20 mil 464 millones de pesos para las elecciones del 2021.

Así como se lee y se oye. Pedirán 5.5% más de lo que recibieron este año, porque según el consejo que preside Lorenzo Córdova, no pueden ahorrar en las elecciones y ponerlas en riesgo, ¡acabáramos!

Los 20,464 millones se dividen en: presupuesto base del INE por 10 mil 992.9 millones; una cartera institucional de proyectos por 9 mil 471.9 millones.

Cada voto costará 86.36 pesos.

El costo del equipo de desinfección para las casillas es de 311 millones 164 mil 50 pesos, es decir, 1,891 pesos por casilla. Otros 15 millones 500 mil pesos para equipo sanitario para los capacitadores y supervisores.

345.6 millones de pesos se usarán en renovación del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo.

Son en total mil 285 millones 800 mil pesos adicionales.

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