– Javier Corral da a conocer la fecha en entrevista radiofónica en la que es cuestionado sobre su antecesor preso en Miami, Florida, por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito
La audiencia para el inicio del proceso contra el exmandatario de Chihuahua detenido en Miami Florida, se fijó para el viernes 24 de julio, informó el gobernador Javier Corral Jurado.
La fecha fue proporcionada por el titular del Ejecutivo estatal, en entrevista con Azucena Uresti de Radio Fórmula, quien le cuestionó si se sabía algo de su antecesor.
“Lo que sé es que ahora hubo una nueva reunión entre los abogados del exgobernador y la jueza que atiende la solicitud de extradición del Gobierno Mexicano y de entrada, entiendo que se ha previsto una fecha de audiencia para el viernes 24 de julio”, expresó.
El exgobernador fue detenido el miércoles 8 en la ciudad de Miami por las autoridades estadounidenses, en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición, y en respuesta a la solicitud que presentó la Fiscalía General del Estado ante la Fiscalía General de la República.
El viernes 10 fue presentado ante un juez del estado de Florida, quien le dio a conocer el motivo de su detención, de acuerdo con lo informado por el consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés.
Ese día, la defensa solicitó un diferimiento de la fecha para el inicio del proceso, lo que hoy se definió para el próximo viernes.
En la entrevista, el gobernador del estado indicó que en todo el entramado de la red de corrupción en torno del exmandatario, aún está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se resuelva el caso de los 250 millones de pesos que se desviaron a campañas del PRI.
Recordó que en ese caso, se realizaron por parte del Ministerio Público del estado una serie de investigaciones que fueron detectando uno de los destinos multimillonarios de recursos públicos hasta las campañas del PRI, y luego se detectó que no solamente habían operado en Chihuahua sino en varios estados en la llamada “Operación Safiro”.
“Estamos hablando de una operación de 250 millones de pesos que no pudo darse sin el conocimiento y el consentimiento del presidente de la república”, señaló el gobernador.
