Por Rubén Iñiguez
La intervención de AMLO ha sido determinante para que se nulifiquen, se les quiten atribuciones y presupuesto, o se apodere de varios organismos autónomos.
El primero de ellos fue el CONAPRED, (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) creado 29 de abril del 2003, que tiene la finalidad promover medidas para contribuir al desarrollo cultural y social, avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.
El presidente apenas se enteró de su funcionamiento a raíz de un foro en contra de la discriminación en el que participaría el polémico Chumel Torres, que mantiene posturas controversiales hacía la presidencia de la república, además de referirse al menor de los hijos con el apodo de “chocoflan” Esto provocó la reacción de la primera dama, que no aceptó ser la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, quien se fue en contra del comunicador chihuahuense a través de twitter. Después de esto, dicho foro fue suspendido. Sin embargo, Chumel ha recibido el apoyo tanto del expresidente Felipe Calderón, además de personalidades de los medios, así como de influencers, comediantes, y hasta la propia simpatía del diputado federal de Morena, Sergio Mayer, quienes consideran un ataque directo al derecho de libertad de expresión y censura. Chumel Torres externó que no pedirá perdón al poder.
Pese a que el nombramiento del CONAPRED fue firmado y autorizado por el propio presidente López Obrador, dice que ignoraba la existencia de este organismo, organismo que tutela el cumplimiento y observancia del artículo 4 de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos.
¿Existe discriminación en México? La respuesta es sí, ya que la discriminación puede darse por color de piel, género, estado civil, incluso por opiniones distintas, por alguna incapacidad personal, por formar parte de una etnia, incluso se discrimina también por las diferencias de credo religioso.
Este organismo al igual que los consejos o comisiones de regulación autónomos que quiere desaparecer, se supone fue dotado de autonomía técnica, independencia, además de no estar subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de quejas, cumpliendo el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación.
Este organismo tenía por sede la calle Dante número 14, de la Colonia Anzures, en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Su titular nombrada por el propio presidente es, Mónica Maccise Duayhe, quien había sido anteriormente la titular de la unidad técnica de igualdad de género del Instituto Nacional Electoral, por lo tanto, no era una improvisada. Sin embargo, su renuncia no se hizo esperar. Su único delito, fue haber invitado a participar en un foro en contra de la discriminación, a un personaje incomodo a la pareja presidencial.
Por su parte, Olga Sánchez Cordero, se observa como una funcionaria neutra, absorta en el poder presidencial, sin personalidad, pero con un sueldazo mensual, cambia piezas como cambiar de peones en un juego de ajedrez, para no desagradar al Emperador. La funcionaria millonaria comprende perfectamente que vivir fuera del presupuesto es un error.
Otro organismo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta dependencia es dirigida por la Doctora Mara Gómez Pérez, quien puso de manifiesto la inmovilidad que se provocó con la supresión del presupuesto por la “austeridad republicana” al que privó del 75% del presupuesto operativo, la Dra. había sido elegida para ese puesto por cinco años por el Senado de la República. La impaciencia de AMLO fue la manifestación de protesta de larga duración en pleno Zócalo por la reducción presupuestal de dicha Comisión, que, según versiones cercanas al Palacio Federal, “El presidente ya no quería ver esa manifestación”.
Los principales receptores de atención de la CEAV, eran víctimas de algún delito federal. Con estas atropelladas decisiones, el presidente López Obrador, deja sin atención a 34 mil 215 víctimas, a las que se les brindaba atención médica, psicológica, jurídica, y en algunos casos, apoyo económico.
Por último, el conflicto que vive actualmente Andrés Manuel López Obrador con el Instituto Nacional Electoral (INE), que, dicho sea de paso, fue quien le otorgó la constancia como el ganador de las elecciones presidenciales del pasado año 2018, además de ser el principal garante de la legalidad de los procesos electorales en nuestro país, sin embargo, el presidente, dijo que prefiere ser él, el observador de los próximos comicios en México, en donde se disputan 15 gubernaturas, cientos de alcaldías, así como diputaciones locales y federales. Sin embargo, el Consejero Presidente de este organismo autónomo, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que era momento de respetar la división de poderes, el respeto del marco constitucional, la fortaleza del Poder Judicial, ya que su independencia y autonomía son irrenunciables para el buen funcionamiento de la democracia, también dijo que, es tiempo de adaptarnos a la “nueva normalidad”, revisar la suma de estas variables que repercutirán en nuestra vida pública y privada en el terreno de las libertades, de los derechos, de la democracia, de la seguridad, de la salud, de las reglas para la competencia política y de la justicia, por lo tanto, del equilibrio de poderes, entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. Además del respeto hacia los organismos autónomos que existen en nuestro país, y que aparte de todo, tienen un papel preponderante para garantizar un mejor estado de derecho.
Lo que preocupa es que AMLO propone la desaparición o regulación de estos organismos, mismos que serán absorbidos por la Secretaría de Gobernación -anulando su autonomía- y que esos recursos mejor se destinarán a otros fines.
Nuevamente el mandatario se lució en sus mañaneras para demostrar su ignorancia. Con evidente disgusto y formas de dictador, López Obrador, dijo que revisará al menos a 100 organismos autónomos, pues para él representan un gasto excesivo e innecesario.
