El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, aseguró que los recursos del fondo para salvaguardar a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos no desaparecerán y “en ningún momento están en duda”.
En el marco del foro de “parlamento abierto” para la discusión del destino del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, explicó que “lo que se va a revisar es si el fideicomiso es la mejor manera de administrar esos apoyos. Sabemos que hay observaciones importantes de la Auditoría Superior de la Federación en el caso de este Fondo, pero también hay un compromiso muy importante de la Secretaría de Gobernación”.
Lo que se hará -precisó- es “una reflexión abierta, sin prejuicio ni predisposición. Queremos llegar a concluir qué es lo mejor para administrar estos recursos, si continúa el fideicomiso, si se hacen cambios o vamos a otro mecanismo de administración; pero en ningún momento está en duda el destino de estos recursos, porque el gobierno está comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión”, sostuvo.
Delgado Carrillo expuso que el país se ha convertido en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, por lo que se requiere este mecanismo de protección, que también incluya a los promotores de derechos humanos.
Consideró que “hay un desperdicio de recursos públicos en toda la administración, se han detectado más de 300 fideicomisos; hoy se están revisando para ver su pertinencia, si continúan o no, a fin de que no haya falta de transparencia ni estructuras al amparo de estas figuras”.
Por su parte, Aarón Mastache Mondragón, comisionado ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, alertó que si los recursos son manejados mediante un fondo y no en un fideicomiso público, habrá un incremento en trámites administrativos que pondrán en riesgo la integridad y vida de los beneficiarios.
“Hay medidas que son urgentes y deben pagarse de manera inmediata y no pueden estar sujetas a un fondo centralizado que se rige por las normas correspondientes”, dijo.
Adelantó que solicitarán a la Secretaría de Hacienda 187 millones de pesos adicionales a los 227.6 millones de pesos asignados para 2020, porque es insuficiente. Explicó que en 2012, año en que fue creado este mecanismo, se benefició a 48 personas con medidas de protección, mientras que para mayo de este año se incrementó a mil 206 protegidos.
“Desde el 2016 hubo un aumento kilométrico, prácticamente duplicamos a los beneficiarios”, indicó.
Informó que algunas de las medidas son de carácter urgente cuando el riesgo contra la persona es inminente, tomando la decisión de reubicar al amenazado de manera temporal, además de que también se le apoya con escoltas y vigilancia en las zonas donde laboran o viven; a eso se suman las medidas tecnológicas, entre las que destaca, a pesar de presentar fallas, los botones de asistencia, los cuales cuentan con geolocalización.
Agregó que incluso se les apoya con telefonía celular, cerraduras de seguridad y cámara de vigilancia, además que, de ser necesario, se les entregan chalecos antibalas, detectores de metales, autos y demás elementos que requieran, lo que se suma a la realización de campañas de reconocimiento a la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, manuales y cursos de autoprotección, entre otras acciones; sin embargo, afirmó que el mecanismo se debe enfocar más en las medidas preventivas.
Puntualizó que la mayor parte de beneficiarios de este mecanismo se localizan en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Puebla, entidades donde se concentra el 70 por ciento. Del total, el 67 por ciento son defensores de derechos humanos y el 33 por ciento restante periodistas.