Los asuntos electorales comenzaron a tomar forma en el Congreso del Estado y el diputado Omar Bazán adelantó que comenzarán los análisis, entre ellos, el de la segunda vuelta electoral.
Como se sabe, son varios los interesados en que se aplique a partir del 2021 la segunda vuelta en la elección para gobernador.
Por parte del PRI, la propuesta incluye además una redistritación, la cual no se hace desde el 2016, además de la reducción al financiamiento de los partidos en años no electorales y otra regulación en torno a las coaliciones.
También contempla una reforma al artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para reducir de 5 a 3 el número de magistrados del Tribunal Estatal Electoral.
El legislador priísta reveló que la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales entró al análisis de las propuestas existentes, a saber: una del PRI, una de Morena y una del gobernador Javier Corral.
En la Comisión participan Omar Bazán, Ana Carmen Estrada García, Rosa Isela Gaytán Díaz, Lorenzo Arturo Parga Amado y Georgina Alejandra Bujanda Ríos.
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Al parecer, tras mucho picar piedra, los gobernadores de Acción Nacional consiguieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador abriera la posibilidad de revisar, al menos, la Ley de Coordinación Fiscal.
Desde hace tiempo, los gobernadores, principalmente Javier Corral, han señalado lo injusta que resulta el pacto fiscal para algunos estados que aportan mucho a la Federación y reciben poco.
Con Peña Nieto, Corral encabezó una marcha hasta la Ciudad de México para exigir mejor trato y con AMLO, ha realizado foro tras foro en busca de esa apertura.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que está dispuesto a instalar mesas de diálogo referentes al tema, aunque pidió a los mandatarios estatales en general que “se aprieten el cinturón” y dejen los lujos y suntuosidades a las que están acostumbrados.
Para pronto, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) le tomó la palabra para comenzar a revisar las fórmulas del pacto fiscal y pidió instalar la primera mesa esta misma semana.
A la intención se sumaron los mandatarios de Durango (PAN), Tamaulipas (PAN), Nuevo León (Independiente), Coahuila (PRI), Michoacán (PRD).
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El pandemónium se desató en Puebla con la aprobación de una Ley de Educación que le imprime un sello altamente ideológico, amenaza con restringir la educación privada y apropiarse de los planteles que no pertenecen al ámbito público.
La controvertida ley fue aprobada el 15 de mayo, pero apenas se dieron a conocer los alcances, por lo que la reacción en contra ha sido a nivel nacional.
Solo falta que se publique en el Periódico Oficial del Estado de Puebla para que entre en vigor.
Entre otros considerandos que se advierten como atentatorios a las libertades, está el Artículo 105, que establece que “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares (…) forman parte del Sistema Educativo Estatal”.
El gobernador Miguel Ángel Barbosa, se ha desgañitado justificando que el concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación, de aplicación en todo el país.
La diputada local por el PAN, advirtió que además, es un retroceso al pasado y servirá para adoctrinar a los estudiantes poblanos.
El propio Barbosa imprimió en la exposición de motivos, que el objetivo es actualizar el marco jurídico poblano, adecuarlo a reforma educativa y garantizar el acceso a una educación de excelencia tomando en cuenta las propuestas de la Cuarta Transformación.
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Para variar, ha sido otro morenista quien ha llamado a la cordura: el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que deberá ser la Suprema Corte la que revise una acción de inconstitucionalidad por la Ley de Educación de Puebla.
Dijo sin conceder, que si existen excesos, que fue indebida y no refleja el espíritu de la Ley General de Educación nacional, debe someterse a los tribunales.
El senador morenista sostuvo que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución y afirmó que no hay ningún acuerdo para que se violenten los derechos de las instituciones privadas.
Advirtió que se tendrá que revisar en la Corte, porque seguramente no había necesidad de que en este momento (sic). Se trata de una armonización indebida, que no refleja el espíritu legislativo, ni de la ley nacional, fue una mala armonización por parte del Congreso local en Puebla y mucho menos confrontando a la sociedad de Puebla.
Así de simple y llano, Monreal sigue siendo el principal opositor al radicalismo de Morena.
