Anoche, el Senado de la República aprobó la Ley de Amnistía que contempla, entre otras cosas, dejar en libertad a quien esté preso por cometer delitos hasta de homicidio de inocentes.
Los senadores no escucharon, vaya, ni siquiera buscaron la opinión de los mexicanos, al que dicen representar, para aprobar tal aberración, entre ellos, varios de Chihuahua.
La ley duró casi medio año en cocimiento y fue tal cual la advirtieron los morenistas de la 4T, ni más ni menos: cualquiera que cometa o ayude a cometer aborto, ya sean médicos, parteras y parteros, las propias madres, las madres de las madres y todo aquél que lo propicie, pero que llegara a ser procesado penalmente, podrá obtener la libertad.
Lo peor es que aberración se hará retroactiva, algo nunca visto.
Otro tipo de delincuentes también verán la luz con la Ley de Amnistía además de abortistas, quienes hayan cometido robo o sedición.
Ah, la reforma que crea esta ley fue acelerada porque los senadores consideraron que tenían que apurar la liberación de presos ante la pandemia del COVID-19.
Aún queda una pequeña lucecita de cordura, ya que algunos senadores pidieron poner en reserva la parte que permite liberar a los asesinos de bebés, pero tendrán que desahogarse pronto.
Por lo pronto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado,
Ricardo Monreal, dijo que esta misma semana comenzarán las preliberaciones de reos y aún más, pidió a los gobernadores apurarse a modificar las leyes estatales para liberar a reos del fuero común.
Según el senador, son entre 500 y 600 los presos que serán liberados, pero en el país podría ser hasta un 17 por ciento de la población carcelaria.
La 4T tiene prisa en que el aborto sea practicado con absoluta libertad en México.
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Los gobernadores panistas agarraron un nuevo pleito, ahora contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, sumándose a las voces de todos aquellos que afirman que el IMSS ni informa ni dice toda la verdad en la atención a la pandemia del COVID-19.
De manera diplomática y virtual, los gobernadores dialogaron con el director nacional del IMSS Zoé Robledo y con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.
Ahí les pidieron, entre ellos el de Chihuahua Javier Corral, mejorar el sistema de notificación en los casos sospechosos de contagio y de las defunciones por COVID-19, es decir, confirmaron que el IMSS si no oculta, al menos no informa a tiempo.
El Gobierno del Estado ya había adelantado algo al lograr que la Secretaría de Salud le permitiera realizar todas las pruebas de coronavirus del IMSS en Chihuahua, pero aún se mantiene el misterio en torno a su actuación.
La mayor parte de los fallecimientos en el estado están ocurriendo en el Seguro Social; cierto es que es el instituto de salud con más derechohabientes, pero huele a tufo y comienza a salir.
Ayer, los mandatarios pidieron a Robledo y a Sánchez Cordero que el IMSS brinden información suficiente y seguimiento adecuado a los pacientes ambulatorios, para actuar antes de que su situación se agrave y requieran ser hospitalizados en terapia intensiva.
Obvio, tuvo que salir a relucir el tema del Hospital Regional No. 66 de Ciudad Juárez, ese que un diario local puso en la tribuna nacional con una fotografía que no correspondía al nosocomio, pero de lo que nunca se ha negado la información publicada.
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Quienes están aprovechando el impacto que está dejando la pandemia del coronavirus, con una economía que se contrae seriamente por el cierre de empresas, de escuelas, de comercios; por las escasas ventas, cero inversiones, etcétera, son los narcotraficantes.
Son muchas las regiones en donde están surgiendo fotografías y videos de narcotraficantes entregando despensas a la población más afectada: los pobres en las colonias y rancherías a donde no llega ni llegará la mano del gobierno.
En el norte se habla de los esbirros del “cártel de Sinaloa”, en Jalisco del “nueva generación”, “del golfo”, de bandas regionales, pero es casi en todo el país en donde están haciendo “labor social”.
El pueblo se lo ha tomado con la filosofía que acostumbra: haciendo memes, pero el asunto debería preocupar, ya que están tomando acción ante la inacción o la simulación de las autoridades oficiales ante la crisis.
El propio Andrés Manuel confirmó en su “mañanera” que la entrega de despensas está ocurriendo en San Luis Potosí (Salinas de Hidalgo, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Santa María del Río, Tierra Nueva, Rioverde, Villa de Zaragoza y Soledad de Graciano Sánchez), así como en Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Colima, Tamaulipas y Guanajuato.
Lo bueno es que el presidente los invitó a que dejen de hacer “balandronadas”, y ya.
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Dicen que risueño el niño y le hacen cosquillas. Mal salió el nuevo acuerdo del gobernador Javier Corral, que no decreto, por cierto, para controlar los contagios de coronavirus en el transporte urbano y los camioneros le enseñaron cómo es la cosa.
Sin más, se les pidió que cortaran a las 8pm y a las 7 de la tarde hay no había unidades de las llamadas rutas alimentadoras en las calles.
Durante la mañana se reportó que ni siquiera habían empezado a las 7 am, sino mucho más tarde.
El asunto es que las autoridades toman las decisiones desde el escritorio. Es muy fácil decir que se corte el servicio a las 20:00 horas, pero no toman en cuenta a toda la gente que trabaja hasta esa hora o más y depende del transporte urbano.
No toman en cuenta a los transportistas y los hacen recorrer la ciudad con apenas 10 pasajeros.
Obligan a que no use el transporte quien no traiga cubrebocas, pero no los proveen a la gente pobre que no puede comprarlos.
Caro, muy caro, le saldrá al gobierno una medida sin consultar a nadie y alguien tendrá que pagar por haber dicho verdades a medias.
