Los ataques intimidatorios del crimen organizado en contra del Estado continuaron ayer, primero en las instalaciones de Vialidad y más tarde en Villa Juárez. Una mujer policía resultó herida.
Apenas unas horas después de que el gobernador Javier Corral concediera desde Ciudad Juárez que los ataques eran una acción intimidatoria y en venganza por la detención y abatimiento de algunos de los líderes del crimen organizado, se sucedieron nuevos ataques.
La alerta máxima fue decretada desde el domingo, cuando una serie de ataques se registraron en la capital y en Juárez.
No es la primera vez que esto ocurre, sin embargo, la intensidad de los ataques podría ir en aumento y las autoridades deben dar paso a la estrategia para contrarrestarlos y evitar que la alcancen a la ciudadanía, víctima colateral en estos casos.
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Desde hace algunas semanas se ha ventilado a través de los medios de comunicación que el Gobierno de la República, a través de la Consejería Jurídica, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emprendieron acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las acciones van directamente en contra del cobro de impuestos contemplados en las leyes de ingresos del Gobierno estatal y de prácticamente los 67 municipios del estado.
Según esas instancias, la CNDH y la Consejería Jurídica, son indebidos, atentatorios contra los derechos humanos y discriminatorios, cobros que en Chihuahua tienen mucho arraigo y son perfectamente aceptados por los chihuahuenses como el impuesto Universitario y el derecho al alumbrado público.
Se trata sin duda de un ataque contra el municipalismo y una pretención de ahogar financieramente al Estado de Chihuahua y a sus municipios.
En Chihuahua el cobro del derecho al alumbrado público significa nada menos que 170 millones de pesos, mientras la sobretasa universitaria equivale a aproximadamente 40 millones de pesos para la UACH, que de no tenerlo, significará un gasto que no podrán soportar ni el Estado ni los municipios.
La espada de la 4-T se cierne sobre Chihuahua.
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Hablando de la Cuarta Transformación, ya parecía mucho para ser real y ayer, la presidencia de la República reculó y negó que existiera una investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto por la escandalosa corrupción que reinó en su sexenio.
Por medio del titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, Peña Nieto, no existe investigación que vincule al ex presidente, esto, luego de que en las indagatorias en contra del ex director de Pemex, se le señale constantemente de manera pública.
No, no y no, dijo el funcionario, cuestionado sobre la ahora ‘supuesta’ investigación contra Peña Nieto, lo que confirma que sí existe pacto de impunidad de AMLO con el ex mandatario y que en el tema de la corrupción caerán solo pececitos, si gordos pero ningún megalodón.
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La asociación política Redes Sociales Progresistas que encabeza la otrora poderosa maestra Elba Esther Gordillo, solicitó al INE su registro como partido político.
Esta agrupación no tendrá mayor problema en conseguir el registro porque es un secreto a voces que es respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y si los alicaídos consejeros del INE quieren congraciarse con El Peje para que les respete sus millonarios súper-sueldos, le darán el sí a ciegas.
El que presentó la solicitud ente el INE fue Fernando González acompañado por un buen número de simpatizantes.
Por cierto, de lograr el registro, una de las primeras candidatas a algún puesto de elección popular será la propia Elba Esther, a quien el dirigente nacional ha mencionado en varias ocasiones.
