El diputado Omar Bazán presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal por el manejo irresponsable y omisiones de CONAGUA en el conflicto por la extracción de agua en las presas de Chihuahua.
Debe la dependencia federal investigar actos de omisión por parte de la Directora General de CONAGUA, Dra. Blanca Jiménez Cisneros, así como del Director Local de Chihuahua de CONAGUA, Dr. Baldemar Méndez Antonio, por su desempeño ya que se trata del vital líquido y del ciclo agrícola de agricultores del estado de Chihuahua.
Existe un gran opacidad en el manejo de los recursos hídricos de la cuenca del Río Bravo y sus afluentes, que ha venido perjudicando a los productores agrícolas del estado afectando sus ciclos de riego, por lo que no se les ha dado la prioridad que el tratado de 1944 previó, ni se han aplicado las restricciones de pago de agua en época de sequía, pues básicamente el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, administran las presas que se encuentran en nuestra entidad sin coordinación alguna con el Ejecutivo del Estado, pero principalmente omitiendo dar participación a los municipios que se ven afectados, principalmente Delicias, Camargo, Ojinaga, Meoqui y Aldama entre otros, y en ese sentido es necesario que se realice una verdadera planeación coordinada, si que hasta el momento haya existido, señaló el legislador priista.
No existe un estudio técnico en la Comisión Internacional de Límites y Aguas sobre la situación de sequía que padece el estado de Chihuahua, ni sobre el derecho de preferencia de los productores del Estados y sus necesidades de agua para garantizar los ciclos agrícolas.
No existe transparencia en los volúmenes de agua que se utilizan de los afluentes de Chihuahua para pagar agua a los Estados Unidos de América a fin de determinar si el Ejecutivo Federal dispone agua de los afluentes de Chihuahua para proporcionar agua a otras cuencas de otras entidades del República, con el fin de que se compense y se indemnice en este caso a los productores agrícolas de nuestro Estado cuando por esas acciones se vean afectados sus ciclos agrícolas, argumentó el también dirigente estatal del PRI.
Actualmente estamos viviendo de nuevo un embate para tratar de extraer 600 millones de metros cúbicos de la Presa La Boquilla, bajo el mismo mecanismo opaco de uso de los recursos hídricos nacionales, por lo que es de suma importancia que se analice la omisión de CONAGUA en coordinarse con los municipios y el gobierno estatal.
Omar Bazán recordó que de acuerdo con la Observación General Número 15, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho de acceso al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados, consistentes en:
a) abstenerse de obstaculizar directa o indirectamente su goce (obligación de respetar);
b) impedir a terceros toda injerencia en su disfrute (obligación de proteger); y,
c) adoptar medidas legislativas, administrativas o presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole adecuadas para hacerlo plenamente efectivo (obligación de realizar).
