Por Rafael Cano Franco
Eliminar el seguro popular fue un objetivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; alegó siempre que era un barril sin fondo y que había corrupción en su operación de ahí que se debía desaparecer y darle paso a una nueva figura que realmente ayudara a la gente más pobre sin la sombra de “manoteo” del dinero.
En términos sociales, el seguro popular fue un acierto del gobierno de Vicente Fox, su forma de operación abarató los servicios de salud público; fue extensivo en todo el país representó frenar la sangría que tenían algunas entidades en sus servicios de salud.
La cobertura en los servicios de salud también fue generosa y llegó a cubrir más del 97 por ciento de las enfermedades más comunes en México, particularmente aquellas de gran costo para las familias como los tratamientos contra el cáncer.
Al paso de los años, el seguro popular fue convirtiéndose en un auténtico instrumento de socorro para las familias y por su esquema de operación financiera permitió la mejoría en la calidad de los servicios de salud.
Seguramente hubo actos de corrupción, eso no puede negarse, pero fueron más los beneficios que generó y fue tal su aceptación que cada vez registró a más personas inscritas.
Con la llegada de la 4T al poder se esperaba que el esquema operativo y financiero del seguro popular mejorara de manera notable, al final de cuentas se trataba de un programa cuyo impacto directo se reflejaba en la salud de los sectores más desprotegidos, pero resulta que no fue así.
El gobierno federal no solamente desapareció el Seguro Popular y en su lugar presentó el proyecto del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) bajo la consigna de que los servicios de salud serían más económicos, habría medicamentos gratuitos y la atención en los hospitales públicos elevaría su calidad.
Mientras que el presidente López Obrador anunciaba servicios médicos gratuitos para 69 millones de mexicanos, la Secretaría de Salud (SSA) lo contradijo al señalar que Insabi y los hospitales federales que brindan atención de muy alta especialidad están sujetos a cobrar cuotas de recuperación.
Y así lo hicieron: comenzaron a cobrar cuotas de recuperación por servicios médicos de tercer nivel.
Otro de los beneficios que el Insabi no ha podido cumplir fue el anuncio de que sin necesidad de afiliación, las personas con necesidades de atención médica solo debían presentar su credencial de elector, la CURP o el acta de nacimiento y con ello recibirían la atención de salud requerida.
Eso no ha resultado del todo verdadero; los beneficiarios de este programa enfrentan problemas para registrarse y obtener las consultas gratuitas de los especialistas que les ofrecieron.
El caso más notorio es el de los enfermos de cáncer; pero incluso la atención de partos, cubiertos totalmente por el seguro popular, también enfrentan ahora el pago de cuotas de recuperación y que llegan a ascender a los 20 mil pesos, algo que sale totalmente de la capacidad de las familias de escasos recursos.
La accesibilidad universal a servicios de salud tampoco se ha cumplido para quienes no tienen servicios médicos en el IMSS o el ISSSTE, los 13 institutos y los hospitales federales deberían brindar atención médica a las personas que llegaran vía Insabi, pero resulta que eso no es una realidad porque no están recibiendo nuevos pacientes.
La situación de la operación tampoco es clara, al momento no existe un esquema claro y aceptado para distribuir los recursos para dar servicio médico en los estados, tampoco se ha presentado un plan de salud para conocer el presupuesto que va a manejar el Insabi y eso determinó la inexistencia de un plan para repartir el dinero entre estados y municipios.
De todo lo anterior queda claro que el sistema nórdico de salud que anunció con bombo y platillo el gobierno federal es una quimera que solamente genera perjuicios a los más pobres.
Podrán mejorar las condiciones del Insabi en el futuro, pero la afectación que hoy padecen muchos enfermos no solamente es una irresponsabilidad, también es un acto criminal.
