El INEGI siguió dándole noticias malas a su jefe Andrés Manuel: hace unos días reveló que México había entrado en ‘recesión técnica’ al caer la economía a .2 %, lo cual fue negado sistemáticamente por el Gobierno y el Banco de México.
Ahora, le zampó en la cara que el desempleo creció un 3.6% en el mes de octubre en todo el país.
Según el reporte del organismo gubernamental que ha roto “los otros datos” del presidente, el desempleo en el país se incrementó durante octubre, al pasar del 3.2% al 3.6%, comparativamente a octubre del 2018.
Significa que la tasa de desocupación de personas que buscaron trabajo sin encontrarlo fue del 3.6%.
También destaca el dato de que la cantidad de personas que tuvieron la necesidad de trabajar por más horas fue del 6.7%, mientras que quienes tuvieron que intentar conseguir recursos extra por la vía de la informalidad laboral, aumentó a 7.5%.
Además, la informalidad laboral ya llega al 56%, cifra mayor en 0.4 puntos respecto a la del 2018.
Según el informe, en octubre de este año, el 60.3% de la población de 15 años y más, se ubicó como económicamente activa. Porcentaje superior a la de un mes antes, también con cifras desestacionalizadas.
La cifra de desempleados sigue aumentando y el poder adquisitivo disminuyendo. ¿A dónde nos llevará la 4T?
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“Dios lo haga un santo”, decían los abuelos al referirse a alguien con muchas cualidades y valores, sobre todo de aquellos que se dedicaban a hacer el bien.
Pues nada más eso les faltó decir a los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra quien desestimaron una denuncia por actos indebidos con uso de recursos público.
Ni sus mañaneras, ni la promoción sistemática y reiterada de su persona en medios de comunicación de alcance nacional, ni el uso de los recursos del estado para promocionar su imagen, ni siquiera el “Amlo-Fest”, fueron considerados por el Tribunal como constitutivos de faltas, ya no digamos de delitos.
Según ese tribunal, ya de por sí de escasa credibilidad, son inexistentes las infracciones de que se acusó a López Obrador por los eventos públicos realizados, tales como “los 100 días de gobierno”, ni el festejo por el año de la elección del 1 de julio, conocido coloquialmente como AMLO-Fest, ni su primer informe de gobierno.
Tampoco consideraron uso indebido de recursos públicos ni la adquisición de tiempos en radio y televisión para promocionar su imagen.
Es decir, los ciegos María del Carmen Carreón Castro, magistrada de la Sala Especializada y el secretario en funciones de magistrado, Carlos Hernández Toledo, es inexacto considerar que el presidente más visto en todos los medios de comunicación diariamente a través de las “mañaneras”, violenta ninguna regla.
Afirman que es inexistente que el presidente de la República haga expresiones o manifestaciones de manera explícita en las que se adjudique logros o acciones de gobierno y/o programas sociales, ni se resaltaron cualidades personales o logros del servidor público.
Todo ello a pesar del famoso “no es por presumir, pero ya hice esto y lo otro. Los compromisos se cumplen” con los que duró al aire bastantes días.
Cómo se cumple aquí la frase que hiciera famosa el prófugo de la justicia, exgobernador de Chihuahua, César Duarte: “el poder es para poder” y qué mejor cuando los tribunales están a modo.
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Al regidor del PRI, Antonio García Hernández, le salieron agallas y exigió cuentas del gasto efectuado en el plebiscito que el Ayuntamiento se vio obligado a pagar y a buscar defenderse.
García, que más bien parecía regidor de Morena y miembro de los Wikipolítica que promovieron el plebiscito, solicitó un informe a detalle de los gastos económicos que se usaron para la difusión, movilización de personal y ¿operación? del plebiscito Anti-Alumbrado.
Al igual que el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, que de última hora se decantó en contra del plebiscito del domingo pasado, también el regidor García entró a toro pasado, pero con todo, a exigir cuentas.
Las respuestas saltan a la vista: el IEE fue el operador, no el Ayuntamiento; la ley obliga al Municipio a sufragar el costo, no fue capricho y, obviamente, tenía derecho a defender su proyecto, o ¿no?
Pero el regidor prefiere que sea el equipo de Maru Campos quien le brinde toda la información –para la ciudadanía–.
Será que Toño “gallito” García sabe algo que nadie más. A ver si esto no se queda nada más en mostrar las navajas, como en el ruedo.
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Tal parece que el gobernador Javier Corral recuperó la bandera de la lucha anti-corrupción con la que inició su gubernatura, llevando como ícono al prófugo de la justicia César Duarte, que será la cereza de su pastel si logra traerlo a que rinda cuentas.
Por lo pronto, salió airoso de la presentación que hizo en la Ciudad de México del “Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua” por donde canalizarán a través de obras sociales, todos los recursos que sean recuperados del combate a la corrupción y que según calculan, será de casi 3 mil millones de pesos.
Allá en la Ciudad de México fue atendido como en los viejos tiempos por los medios de comunicación sin excepción y gracias a la explicación ampliamente técnica del equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, como que ahora sí quedó claro que se combaten en serio los saqueos de políticos. Bueno, al menos de los del sexenio anterior.
Así que con las mieles de haber ganado varios titulares de los medios importantes del país, el gobernador Corral desayunará hoy a muy temprana hora con el gremio de galenos para conmemorar el Día del Médico en Lago Di Como.
