Por Rafael Cano Franco
Criminalizar a las víctimas
La familia LeBarón en Chihuahua tiene fama de “no ser dejada”, por ello es que resultan incómodos para algunos gobernantes a los que exigen garantías para realizar sus actividades productivas sin ser molestados.
Al paso de los años, la zona donde se asentaron se convirtió en territorio estratégico para bandas del crimen organizado y las tierras de la familia LeBarón, de las más productivas y tecnificadas, fueron objeto de ambición para esas bandas; por eso, en no pocas ocasiones les destruyeron sus sembradíos, los acosaron, los hostigaron, los amenazaron pero ellos siempre aguantaron y fueron a las autoridades a exigir garantías.
Tras la masacre donde perdieron la vida 6 niños y 3 mujeres, se hizo sentir una corriente de opinión inducida cuya pretensión era establecer que lo sucedido a la familia “LeBaron” era algo que se tenían merecido por ser “conflictivos”.
En redes sociales, incluso algunos periodistas, no midieron el impacto de la tragedia y se fueron solamente con el apellido, sin considerar que entre los muertos estaba Titus
Alvin y Tiana Gricel, gemelitos de 8 meses; también que fueron asesinados los niños Howard de 12 años y Krystal de 10 años, además de su mamá Rhonita, de 30 años.
A 18 kilómetros de distancia, en un camino de terracería rumbo al estado de Chihuahua estaban Dawna Ray de 43 años y sus hijos Trevor Harvey de 11 años y Roger Jay de 2 años.
La novena víctima fue Christina Marie, de 30 años, quien alcanzó a esconder a su bebe de 7 meses de edad.
La masacre no puede considerarse un “error” o ser producto de “una confusión” y tampoco puede obedecer a lo “conflictiva” que es la familia toda vez que los protagonistas de los desencuentros son adultos varones y ninguno de ellos iba en el convoy, ni se cuenta entre las víctimas.
Esto se inscribe como una masacre sin sentido, un crimen atroz que merece ser investigado a cabalidad para encontrar a los responsables materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia para que paguen por tan abominable delito.
Dada la doble nacionalidad de las víctimas, desde un principio el gobierno de Estados Unidos ofreció colaborar en la investigación, pero el gobierno de México lo tomó con cierta indiferencia, no solamente eso, también mostraron displicencia para atraer el caso, al grado que dejaron todo el peso de las indagatorias a la Fiscalía General de Justicia de Sonora.
Por ello, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, a quien le estaban dejando el peso de la investigación y la responsabilidad de los resultados, determinó invitar a colaborar FBI.
El domingo por la tarde, el gobierno de México oficializó la petición y mediante una nota diplomática comunicó al de Estados Unidos la solicitud formal para que el FBI participe en la investigación.
El lunes 11 de noviembre por la garita de Agua Prieta medio centenar de vehículos tipo Suburban del FBI cruzaron la frontera y se adentraron hacía el municipio de Bavispe, siempre acompañados por agentes de la Fiscalía General de Justicia y cumpliendo la condicionante de no portar armas.
De acuerdo al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño ya hay tres personas detenidas, otro dato “interesante” es que al menos una de las armas es de Estados Unidos; luego de eso no hay nada más y todo se oscurece.
Muchos se equivocaron al criminalizar a las víctimas, el gobierno de México no puede darse esos lujos, no solamente se trata de ofrecer un acto de justicia a los familiares, también es mostrar capacidad para resolver crímenes de alto impacto.
Rafael Cano Franco es reportero y conductor de noticias, también preside el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.
