La masacre de nueve integrantes de la familia LeBarón en los límites de Chihuahua con Sonora ha sacudido al país entero.
Sin duda, las repercusiones políticas y sociales serán de un alto costo para los gobiernos de los estados de Chihuahua y Sonora, pero más para el Gobierno Federal.
Hasta anoche se hablaba de que fueron nueve los integrantes de la familia quienes habrían perdido la vida. Una versión señala que el ataque fue directo contra ellos, que se desplazaban en tres vehículos buscando huir precisamente de la inseguridad, ya que habían sido amenazados.
El hecho exige respuestas inmediatas y fuera de politiquerías y lamentaciones. Mucho menos las absurdas excusas de que “los conservadores quieren desestabilizar al país”.
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Un nuevo dato de la “transparente y anticorrupta” Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador:
En lo que va de su administración, el Gobierno Federal ha otorgado 84 contratos, la mayoría por adjudicación directa, es decir sin licitación, a la empresa Jet Van, por un monto de 2 mil 632.8 millones de pesos. Nada más.
La empresa cuya razón social es Jet Van Car Rental, fue una de las principales arrendadoras de la administración anterior encabezado por Enrique Peña Nieto, acusado de múltiples corruptelas.
Según los datos difundidos ayer, entre el 2012 y el 2018, esta empresa, propiedad de Cuauhtémoc Velasco, recibió 68 contratos por cada año, con un monto total de 6 mil 561 millones de pesos.
Mientras que en el actual Gobierno, ocho de cada 10 de los contratos han sido por adjudicación directa. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, precisa que las adjudicaciones directas que otorgue el gobierno deben justificarse por razones como la urgencia o condiciones particulares de las obras, sin que haya sido el caso, hasta ahora.
Tan solo en 2019 ha recibido 65 contratos sin licitar por poco más de 429 millones de pesos. Las secretarías federales que han entregado contratos sin licitar a la arrendadora son las de Agricultura, Gobernación, Turismo y Economía, el Instituto Nacional de Migración, las procuradurías Federal del Consumidor y Federal de Protección al Ambiente, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras.
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Sin dudarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Aurelio Nuño y Juan Carlos Romero Hicks, estaban detrás de una campaña de denostación en su contra a través de cuentas en redes sociales, pero involucró también al hijo del ex presidente Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón Zavala.
Ante eso, el ex presidente señaló que se trataba de una cobardía meterse con los hijos y exigió una retracción inmediata del mandatario, además de acusarlo de pretender desviar la atención sobre todos sus fracasos.
Según el presidente, sustentó su acusación luego de una “investigación acerca de ‘bots’ que atacan a su gobierno y que estaban involucrados Luis Calderón Zavala, Aurelio Nuño y Juan Carlos Romero Hicks a través de los hashtags #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta y la cuentas automatizada @tumbaburross y otras.
El nivel de delirio de persecución que afecta al presidente Andrés Manuel está preocupante, porque un día acusa y otro también, además de que pide argumentos contra sus yerros y no insultar, pero a la vez hace lo mismo que exige que no se dé.
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Como lo prometió este Fisgón, aquí el informe del informe de ‘El Colado’ Miguel Riggs como diputado federal:
Como era previsible, medio salón de Expo Chihuahua quedó vacío; la otra mitad la llenó con funcionarios de gobierno del estado y del gobierno municipal; no asistió ni el gobernador ni la alcaldesa de Chihuahua.
Del contenido del informe mejor ni hablamos, porque habrá que revisarlo, ya que afirma que presentó ¡141 iniciativas! y ha participado 31 veces en tribuna.
Del uso de la tribuna puede que sí, ya que si se le da usar el micrófono para criticar y exigir, pero al menos no se conoce ninguna iniciativa que beneficie al estado de Chihuahua, al cual representa en la Cámara de Diputados.
