El monto del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua creado por el Gobierno del Estado para concentrar todos los recursos que se recuperan de los juicios contra duartistas, aumentará a 3 mil 250 millones de pesos.
Si el plan es ejercer estos recursos en obras de beneficio social, desde luego que se trata de una buena noticia para los chihuahuenses.
Desde Ciudad Juárez, el gobernador Javier Corral y los funcionarios involucrados en la Operación Justicia para Chihuahua, añadieron más detalles a la tenebrosa red de corrupción y complicidades que se usaron para saquear miles y miles de millones de pesos del erario por parte de Duarte y su gente.
Ahora se habló de que fueron involucradas 365 empresas, la mayoría fantasmas y creadas exprofeso para el saqueo de los recursos, otras tantas para emitir facturas ficticias y las más, donde los socios no solo eran los mismos, sino que compartían hasta el mismo domicilio.
Se dijo que fueron tan burdos y evidentes que no tenían miedo a ser descubiertos y eso permitió que se pudiera seguir la ruta del dinero, desde Chihuahua hacia 22 estados de la república e incluso al extranjero, para parar en unas cuantas manos.
En fin, lo bueno es que esos recursos ya comienzan a llegar. Hasta hoy se tienen 357 millones y piensan que pronto podrán disponer de mil 946 mdp a corto plazo, más otro tanto para llegar a por lo menos 3 mil 250 millones.
Con esa cantidad en obras, hasta para ganar elecciones alcanza. Ups!
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Por cierto, los expedientes de la Operación Justicia para Chihuahua siguen arrojando novedades. Y es que Antonio Enrique Tarín García no termina de enfrentar un proceso para cuando ya le están jincando el otro.
Ayer, un juez determinó abrirle el proceso penal número 10 en su contra, ahora por el desvío de 22 millones de pesos.
El ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de César Duarte, se sirvió con la cuchara grande para ayudar a su ex patrón en el mayor saqueo de recursos de que se tenga memoria en la historia de Chihuahua.
En este nuevo juicio, se le acreditó a García Tarín haber simulado la celebración de 46 procedimientos de contratación de obra pública para la remodelación y mejoramiento de escuelas, entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así como la persona moral denominada MANZIL Construcciones S.A. de C.V.
Las investigaciones establecieron establecer que tales servicios de obra y mantenimiento nunca fueron prestados por la mencionada empresa, ya que se fingió en la elaboración de órdenes de compra, contratos simplificados, comprobantes de pago y se generaron facturas anómalas de comprobación del servicio.
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Por cochinos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló el proceso interno de renovación de la dirigencia de Morena, lo menos que le dio es que no tienen un padrón confiable y que simularon el proceso de credencialización de sus militantes.
Aunque llama la atención la decisión ‘fast track’ del Tribunal, ya que la impugnación fue turnada a magistrado en cuanto llegó, se resolvió rápidamente y en forma positiva para su promotor.
El asunto es que la resolución no solo detiene el proceso de renovación de la dirigencia, sino que deja sin validez todos los actos celebrados hasta el día de ayer, vinculados con el proceso de renovación.
Es decir, que las elecciones de integrantes de consejo del pasado domingo, pueden quedar sin efecto en todo el país.
Además, el Tribunal le otorgó 90 días a la dirigencia nacional de Morena para que reponga todo el proceso.
Los magistrados electorales consideraron que se afectó el derecho de las personas al sólo permitir participar a quienes se afiliaron antes del 20 de noviembre de 2017. De acuerdo a la sentencia, debieron permitir la participación de quienes se afiliaron con posterioridad, en términos de su propia normativa.
En la resolución señalaron de igual forma que el padrón no resulta confiable, no da certeza y certidumbre, para llevar a cabo el proceso interno, y se incumplió además con el proceso de credencialización que el propio partido estableció en sus estatutos, nada más.
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La alcaldesa de la capital del estado, Maru Campos, literalmente tronó contra los molestos integrantes del Partido Morena, ya que al no tener rumbo ideológico ni estrategia política, cada quien actúa como le viene en gana.
Resultó que el regidor de Morena, Rubén Castañeda, impugnó el proceso de plebiscito que aprobó el Instituto Estatal Electoral en contra del proyecto de alumbrado público.
Esto a pesar de que los diputados de ese mismo partido no solo aprobaron la ley de participación ciudadana para Chihuahua, sino que impulsaron la realización del plebiscito para que la gente decida si apoya o no un ambicioso proyecto para cambiar en su totalidad las lámparas de alumbrado público para la capital.
Así que por esa nimiedad, la alcaldesa explotó contra el regidor y su postura de obstrucción a un proyecto que es necesario.
Rubén Castañeda se opone a que se destinen recursos del propio municipio para pagar el costo del plebiscito, por lo que recibió un ‘nada les gusta’ y le recordó que la Ley manda que el Ayuntamiento pague por ese ejercicio ciudadano.
